Guayaquil, 03 ago (Andes).- Operaciones encubiertas, informantes visibles, colaboradores eficaces, entregas vigiladas y escuchas telefónicas son las principales herramientas de investigación fiscal que constan en el nuevo Código Penal Integral (CPI) que se discute en la Asamblea Nacional para combatir el crimen organizado.
"Lo más importante es que se desarmen las organizaciones. Porque si vamos a seguir pensando que la persecución penal en materia de drogas es procesar mulas o estibadores de los puertos, estamos sin duda condenados al fracaso. Esto hay que hacerlo en serio con una Fiscalía fuerte que lleve casos solidos a las Cortes y con esas pruebas se puedan condenar a los autores de esos delito", manifestó Fernando Yávar Umpiérrez, vocal del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT).
El funcionario, quien participó hoy de un seminario judicial en Guayaquil, recordó que la propuesta de creación de un tribunal penal especializado en el juzgamiento de los delitos ligados al crimen organizado necesariamente va de la mano con el fortalecimiento de la Fiscalía. "Hoy no tenemos ningún tipo de especialidad en materia de competencias de jueces. Cualquier juez de cualquier cantón puede conocer un caso de narcotráfico, sicariato o trata de personas, porque la visión que ha habido es que exista un solo manejo de todo tipo de delito por parte de los jueces", refirió Yávar.
El vocal del CJT, agregó que la búsqueda de especialidad no solo implica la creación del mencionado tribunal contra el crimen organizado sino "que exista un número de operadores de justicia, jueces, fiscales, defensores, secretarios, pero que las competencias estén en Quito, es decir que la base esté en la Capital para efectos de seguridad. Hoy pasa un caso en cualquier parte del país y hay que estar corriendo para que un policía cuide a un juez amenazado".
Yávar explicó que la necesidad de las operaciones encubiertas permitirá que la Fiscalía, en coordinación con la Policía, inserte en las organizaciones criminales a personas que están entrenadas para atestiguar, estudiar y definir jerarquías que permitan la vinculación y la formulación de cargos contra los financistas y administradores de las bandas delictivas organizadas.
La participación de informantes visibles también es importante para el funcionario del CJT. Asegura que el informante obtendrá el apoyo de la Fiscalía, pero tendrá que ser registrado. Así el juez sabrá quién dio la información concreta y sobre eso actuará. "Partiendo de que toda información tiene que ser corroborada, el juez obtiene otros elementos para justificar su accionar, porque mañana cualquiera, por odio, puede decir cualquier cosa y mover sin motivos a la administración de justicia".
El funcionario destacó también al colaborador eficaz y las entregas vigiladas, como herramientas de investigación contra el crimen organizado. Explicó que cualquier miembro de las organizaciones delictivas que decida colaborar con la justicia conseguirá un mejor trato dentro del juicio. Además, la actuación de la Fiscalía y de la Policía no se limitará a detener a delincuentes e incautar mercancías ilegales en el punto de partida de la negociación sino que seguirá la trayectoria de la carga para aprehender a toda la banda. "Si se trata de una negociación ilícita fuera de territorio nacional, se actuará con la asistencia judicial internacional", expresó Yávar.
Las escuchas telefónicas, existentes en nuestra legislación, serán implementadas de una mejor manera sin vulnerar la privacidad de las personas. Los operadores de justicia que integrarán el sistema de investigación y juzgamiento para los delitos derivados del crimen organizado serán escogidos entre los mejores evaluados que posean mayor experiencia y tengan prestigio profesional. "Es un tema muy sensible y no nos podemos permitir equivocaciones", comentó el vocal del CJT.
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