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????Flash???El gobierno boliviano informó hoy que ejecuta un plan reglamentario para desaparecer a los grupos de poder y los privilegios que gozan algunos reclusos en cárceles de Bolivia, para garantizar la seguridad en esos centros penitenciarios.
Este es el primer documento que señala los lineamientos en materia de régimen carcelario, y que incluye no sólo a internos, sino también a policías y administradores de esos centros.
Según la explicación del director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, policías y administrativos que sean descubiertos en acciones irregulares que contravengan el reglamento, serán objeto de sanciones drásticas.
El reglamento general de cárceles establece la instalación de cámaras de seguridad para mejorar el control y detectar las irregularidades.
Además, el uso de teléfonos celulares está prohibido y se prevé la instalación de bloqueadores para evitar la salida de llamadas.
Asimismo, se resolvió que las esposas de los reclusos y los niños mayores de seis años no podrán vivir en las cárceles.
De acuerdo con lo previsto por el Ministerio de Gobierno, las cárceles de este país sudamericano tendrán tres meses para elaborar sus propios reglamentos adecuados en el principal que se ejecuta desde este viernes por el Régimen Penitenciario.
El reglamento implementa nuevas reglas de comportamiento con sanciones para los internos que incurran en faltas, pero también para policías, administrativos y funcionarios dependientes de la Dirección de Régimen Penitenciario.
Llanos reconoció que en las cárceles faltan normativas que enfrenten a los grupos organizados que ejercen presión y detentan el poder al interior de recintos penitenciarios.
"No es mala la participación de los internos en la gestión de una celda, pero ésta puede distorsionarse cuando no existen las reglas de juego claras, por ejemplo muchos hacen negocios con sus celdas y las traspasan por encima de 5.000 dólares", aseveró.
Uno de los objetivos pilares del reglamento general, según Llanos, es la reinserción social de los privados de libertad a partir de un trabajo multidisciplinario entre el equipo de funcionarios de la entidad a su cargo y la autoridad policial, tomando en cuenta que existe una corresponsabilidad entre ambas instancias.
"La principal tarea del Estado es mejorar la vida de los internos, rehabilitarlos y reinsertarlos en la sociedad al margen del delito por el cual ingresaron a los recintos penitenciarios", explicó la autoridad.
Llanos señaló que el reglamento asigna actividades específicas a los funcionarios de la Dirección de Régimen Penitenciario, pero también sanciona el incumplimiento de estas por parte de los reclusos y también del personal encargado de realizar el manejo administrativo.
"Este reglamento les da tareas a los funcionarios penitenciarios, sean abogados, psicólogos, trabajadores sociales u otros, pero no sólo les dice lo que tienen que hacer en los recintos, sino que también los obliga a que cumplan con su trabajo", aseguró. Fi
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