MXICO, D.F.- Enrique Pea se comprometi a bajar los ndices de violencia y muerte una vez en el poder aunque para lograrlo deber enfrentar a gente de su propio partido, el Revolucionario Institucional (PRI), gobernadores y congresistas, al Ejrcito, ala Procuradura General de la Repblica (PGR) e incluso a s mismo.
Para poder perfeccionar la Ley de Extincin de Dominio, por ejemplo, un estudio patrocinado por la Cmara de Diputados document que es "absolutamente necesario" independizar al Ministerio Pblico del poder Ejecutivo; es decir, darle autonoma a las fiscalas estatales y a la PGR, una demanda social que han ignorado tanto mandatarios estatales como el presidente de la Repblica.
La Ley Federal de Extincin de Dominio, vigente desde el2009, regula la prdida de los bienes dela delincuencia organizada que sean instrumento, objeto o producto de delito,en favor del Estado, con el fin de cortar los recursos econmicos.
"El problema para la aplicacin es que si se est vinculado con el crimen organizado desde diversos niveles de Gobierno, entonces no se acta para documentar el delito", explica Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la organizacin Alto al Secuestro y excandidata a jefa de Gobierno del Distrito Federal. "Eso pasa mucho".
En su experiencia con las denuncias por plagios encontr que en los estados se niegan a implementar unidades antisecuestro "efectivas" con protocolos, unidades de investigacin, reaccin y anlisis tctico. "Algunos policas estatales y municipales estn ligados con el narcotrfico y el crimen organizado y no quieren hacerlo".
En ese sentido, el trabajo poltico para enfrentar la resistencia sera clave para el partido de Enrique Pea Nieto ya que controla 20 de los 32 estados del pas y 921 de los 2,457 municipios a nivel nacional.
En el libro Mxico, la gran esperanza que sirvi al presidente electo como plataforma de campaa, este se comprometi a profesionalizar el servicio de carrera de la polica de investigacin, del Ministerio Pblico y jueces as como "vincular a la sociedad a los consejos estatales y municipales de seguridad", incursin que las autoridades mexicanas an toman con recelo.
En el mismo documento calcul que, por falta de confianza, no se denuncian el 87% de los delitos y en consecuencia la impunidad asciende al 98.76%.
En este ltimo punto coincide Csar Duarte, gobernador de Chihuahua, estado que alberga a Ciudad Jurez, una de las ciudades ms peligrosos del mundo. "Desgraciadamente lo que ms alienta la violencia es la impunidad y hay regiones del pas donde no se ha avanzado absolutamente nada en esta materia".
Chihuahuafue en el sexenio de Felipe Caldern, que arranc en 2006, ejemplo de losembates armados contra al crimen organizado que llev al estado de 569 asesinatos en 2005 a 4,502 en 2011, pero tambin desde otrosfrentes: fue uno de los primeros en instrumentar los juicios orales.
Duarte exhorta al prximo gobierno air tambin ms all del ejrcito en las calles. "Losresultados que se tienen a todas luces deja claro que no es slo un frente elque se tiene que asumir, sino una poltica integral, desde el avance al sistemapenal y el sistema judicial".
Estos instrumentos contra el crimen pondrn a prueba al prximo presidente en dos sentidos:su influencia real en el congreso, donde el PRI tiene mayora, y la voluntadpara terminar con la violencia que en los ltimos seis aos dej ms de 50,000muertos.
Desde el 2008, el legislativo aprob laReforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal que contempla la modalidad de juicios orales;sin embargo, fue hasta tres aos despus que el Ejecutivo present lainiciativa del nuevo Cdigo Federal de Procedimientos Penales ante la Cmara deDiputados, donde sigue detenida.
Segn la constitucin la nueva ley debeentrar en un plazo mximo de 8 aos, para que entidades federativas yFederacin hagan las reformas necesarias para implementar el sistema acusatorio,pero es a corto plazo cuando podra tener un mayor impacto contra la impunidady las confrontaciones armadas.
"El trabajo legislativo ser muy importantepara lograr sacar al Ejrcito de las calles cuando haya condiciones", consideraHeliodoro Daz, quien fue presidente de la Comisin de Seguridad en la Cmarade Diputados por el PRI.
"El Ejrcito debe reorientar su actuacin yser coadyuvante de la seguridad: no me parece ver a militares ejerciendo sinacotamiento y que trate a los ciminales como si estuviramos en una guerra".
Por lo pronto, Pea dijo que conservar a lossoldados en las zonas de mayor presencia del narcotrfico (an no especificacules) y prometi bajar los ndices de secuestro, extorsin y robo al menos un50%. "Son los delitos que ms golpean a la sociedad", evalu.
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