Las sociedades pblicas de vivienda no ejecutan el 75 por ciento de los procesos de desahucio que inician por el impago de alquiler, ha explicado el presidente de la Asociacin de Promotores Pblicos de Vivienda y Suelo (AVS), Pablo Olanguas.
La AVS integra a ms de 160 entidades pblicas, dependientes de comunidades autnomas y ayuntamientos, de las cuales 70 se dedican tambin al alquiler social de vivienda, para lo que cuentan con un parque de 137.694 viviendas con una renta que va de los 150 a los 400 euros mensuales, en funcin del piso y la ciudad.
Esta asociacin celebra en Bilbao unas jornadas sobre polticas de alquiler de viviendas sociales, en el marco de la cual se ha presentado un estudio sobre el alquiler realizado entre sus integrantes.
El estudio refleja que la morosidad en el pago del alquiler en pisos pblicos era del 11,6 % en 2010 -en Viviendas Municipales de Bilbao no llega al 3 %- y ese aumento de los impagos est provocando un incremento del nmero de desahucios.
El presidente de la AVS, Pablo Olanguas, ha destacado que nicamente ejecutan uno de cada cuatro procesos de desahucio iniciado, por lo que ha estimado de las entidades de la AVS "van por delante" de los legisladores en este asunto y hacen "verdadera poltica social".
Olanguas ha recordado que el 70 por ciento de los inquilinos de estas viviendas no son "poblacin general", sino personas en riesgo de exclusin y con bajos recursos que no seran atendidas por el sector privado.
Por ello, ha reclamado que se analice a las sociedades de vivienda pblica no slo con criterios de "sostenibilidad econmica", sino tambin de "rentabilidad social".
En este punto no ha coincidido plenamente el concejal de Urbanismo y Vivienda de Bilbao, Ricardo Barkala, quien ha defendido que las polticas sociales las deben hacer los servicios que se dedican a ello y no los gestores de vivienda pblica.
"Cada palo debe aguantar su vela", ha dicho Barkala, que ha defendido "cobrar puntualmente" los alquileres para tener "equilibrio presupuestario".
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No obstante, la formacin ha destacado la "imposibilidad" de que la normativa se pueda aplicar con carcter retroactivo a los procesos de ejecucin ya iniciados.
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