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El gobierno boliviano asumió hoy un compromiso con la Organización de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) para aprobar una ley "dura", destinada a decomisar bienes a narcotraficantes, contrabandistas y corruptos.
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, informó que el proyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado, cuestionado por gremiales y transportistas, es una obligación que asumió el gobierno del presidente Evo Morales ante organismos internacionales para la lucha contra el narcotráfico.
"Como gobierno nacional asumimos compromisos internacionales. Este es el caso concreto de la Organización de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), a la cual ahora con la readmisión de la reserva del masticado de coca, somos un país miembro y activo", afirmó.
Cáceres aludió a que el pasado 11 de enero, Bolivia reingresó a la Convención de Viena sobre Estupefacientes, luego de que la ONU despenalizara el uso tradicional de la hoja de coca, como solicitaba el país andino.
Según el viceministro el proyecto de ley de extinción de dominio, que está en consulta en el Tribunal Constitucional para avalar su legalidad, es una recomendación de la UNODC y la JIFE para sancionar con más dureza los casos de narcotráfico con la confiscación de bienes.
Cáceres justificó que en la actualidad los bienes e inmuebles incautados a los narcotraficantes se encuentran en custodia del Estado, pero lamentablemente los mismos son "devueltos" tras la conclusión de un proceso.
Ratificó que se necesita una norma "dura" para la lucha contra el ilícito e reinvertir los mismos recursos para la lucha antinarcóticos.
El pasado 5 de noviembre el presidente Morales envió el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado a consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y, por tanto, el desarrollo del debate sobre el tema en la Asamblea Legislativa quedó suspendido.
Los gremiales y transportistas temen que la disposición, del proyecto de ley, sobre el decomiso y confiscación de bienes que sean producto de actividades del narcotráfico, contrabando, corrupción pública y legitimación de ganancias ilícitas les afecte.
Sobre este tema el representante de la UNODC, César Guedes, declaró a una radiodifusora local que el gobierno boliviano solicitó al organismo multilateral proveer de asistencia técnica para analizar el proyecto de ley en cuestión.
"Naciones Unidas va a proveer de asistencia técnica para este tema y tenemos experiencia de apoyar a países de Latinoamérica en la estructuración, preparación, socialización y lanzamiento de este tipo de leyes", aseveró.
El representante de la ONU anunció que se gestionará para traer expertos a Bolivia con el fin de enseñar las experiencias de otros países.
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