México, DF.- La "colusión" entre el Estado mexicano y el crimen organizado, la ocupación paramilitar del país, sobre todo en la ruta de paso hacia Estados Unidos, "políticas de asesinato y eliminación" de migrantes y la falta de una reforma migratoria integral son los principales factores que colocan a las y los defensores de derechos humanos en situaciones de alta peligrosidad y violencia, denunció el obispo Raúl Vera López.
En conferencia de prensa, Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes "Hermanos en el Camino", aseguró que aunque el gobierno mexicano se ha pronunciado en repetidas ocasiones a favor de la defensa de los derechos de los migrantes, las acciones gubernamentales realizadas son insuficientes, pues no se producen cambios importantes y estructurales.
"Hablan de ley como si no violentaran las leyes", aseguró Solalinde luego de que se diera a conocer que de 2004 a 2012 se han registrado 14 denuncias judiciales en contra de defensores de derechos de los migrantes.
Al citar el informe "Situación general de defensoras y defensores de derechos humanos de migrantes en México" realizado por la Oficina para México y Centroamérica de la Consejería en Proyectos CAMEX, (PCS por sus siglas en inglés), los activistas denunciaron que las "amenazas con armas de fuego, privaciones ilegales de la libertad, abusos de autoridad, intromisión de las fuerzas de seguridad al interior de los albergues", entre otras, son algunos de los problemas ante los que se enfrenta el activismo en la materia.
Declararon que la falta de investigación, violación de protocolos, criminalización del problema de la migración y la existencia de un "Estado delincuencial" -como enfatizó Vera López-, que utiliza a la policía y al crimen organizado como brazos armados, frenan e inhiben el activismo a favor de los derechos humanos.
Por su parte, Agustín Jiménez, integrante de PCS, analizó que bajo estas condiciones, "la denuncia ante las autoridades sobre trata de personas y agresiones contra activistas deja de ser una denuncia y se convierte en un paso de información directa a los victimarios".
Los activistas concluyeron que ante el incremento de la acción paramilitar en el país, la principal vía de abuso y agresión hacia las personas migrantes y los defensores de derechos humanos, se deben tomar "medidas de voluntad y compromiso político; acciones de sanción contra funcionarios que ataquen o permitan ataques contra migrantes o defensores; así como elaborar un informe gubernamental sobre las denuncias hechas contra defensores, las agresiones que éstos sufren y la violencia a la que son expuestas las personas migrantes".
El evento se realizó en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Asistieron Fray Tomás González de "Casa del Migrante 72 de Tenosique", Alberto Xicoténcatl de "Casa M. Saltillo", Alejandro Solalinde de "Hermanos en el Camino", Fray Raúl López, obispo de la Diócesis de Saltillo, Agustín Jiménez de PCS, y Jennifer Johnson del Latin American Group.
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