Primero recibieron llamadas durante días, con intervalos de cinco y 10 minutos, en las que sólo escuchaban el monitor de un ritmo cardiaco que invariablemente terminaba con el zumbido de la línea fatal.
Después irrumpieron al albergue para robarles computadoras donde guardaban sus archivos, y provocaron averíos en uno de los carros oficiales que casi cuesta la vida a quien lo condujo las horas siguientes.
También fueron infiltrados por falsos migrantes y agentes de Gobierno que los intimidaron de manera directa; luego comenzaron a rondarlos grupos armados a bordo de camionetas lujosas que —al menos en una ocasión— los encañonaron al salir del edificio en presencia de agentes de la Policía Estatal.
El abogado, una de las religiosas y otro empleado del centro habían corrido los días previos la misma suerte del asalto, en donde únicamente fueron despojados de su teléfono celular e identificaciones personales, igual que Xicoténcatl, quien tras todo ello no duda en afirmar que se trata de una racha debidamente planeada para robarles información que compromete a la autoridad y al mismo tiempo desalentarlos de su encomienda, como la mañana del 30 de diciembre, cuando volvieron a emplear la línea telefónica para advertirles: "Se los va a cargar la chingada".
"Hay una negación de todos los horrores que viven las personas migrantes por parte del Estado mexicano —dice Xicoténcatl—. Pero no sólo eso: nos han acusado de inventar cifras y nombres y por ello mismo comenzamos a denunciar, no a la delincuencia organizada, porque eso compete a una autoridad en específico, pero sí a algo que compete al tema de los derechos humanos, la colusión —por omisión o comisión— de las instituciones y servidores públicos de todos los niveles de Gobierno en los casos que hemos documentado".
Son la mercancía de criminales
Por años los migrantes centroamericanos fueron vistos como botín por ejidatarios, pandilleros y policías que operan en la frontera con Guatemala. Pero el nivel de agresión fue elevándose con el tiempo, hasta que a comienzos de la década anterior se llegó al salvajismo de arrojarlos del tren en movimiento si no pagaban por ocupar un lugar impreciso sobre el techo de los furgones.
La cantidad de mutilados que dejó esa práctica mantiene constantemente saturado el albergue El Buen Pastor, fundado ante tal escenario por Olga Sánchez Martínez, una mujer de 53 años cuya vida guarda las mismas tragedias que la de sus refugiados.
Los migrantes no sólo enfrentaban a los extorsionadores del ferrocarril, conocido como "La Bestia", sino a gavillas esparcidas por colinas y bosques que los despojaban violentamente del dinero o la vida, y violaban indistintamente a mujeres y hombres. Lo peor para los migrantes, sin embargo, llegó en 2007.
La declaración de "guerra" contra el narco hecha por Felipe Calderón produjo efectos inmediatos en los estados donde se llevó a cabo.
Los homicidios y desapariciones forzadas aumentaron exponencialmente. Las células criminales perdieron en pocos meses capacidad financiera y recurso humano. Entonces los centroamericanos que buscaban llegar a Estados Unidos vieron crecer su estatus como mercancía. No sólo podía sacarse dinero secuestrándolos, sino explotando a mujeres y hombres en la industria del sexo y el trabajo forzado. Y junto con ello se disponía también de una masa cautiva para renovar a sus miembros asesinados. El negocio millonario que generó esta nueva condición atrajo autoridades de otro nivel.
En 2010, Hayden Vázquez Medina, el sacerdote encargado del Hogar de la Misericordia, en Arriaga, el municipio chiapaneco localizado a las puertas del Istmo de Tehuantepec, dijo que la Policía Federal y los agentes de Migración se habían colocado a la cabeza de la pirámide criminal.
Personalmente acompañó a cientos de víctimas para denunciar los casos, pero nunca hubo interés real por iniciar averiguaciones. "Es algo que ha pasado siempre, algo que sabemos: Migración está coludida con la delincuencia organizada", concluyó entonces, enardecido por el vacío de justicia.
Chiapas, y eventualmente todo el sureste mexicano, sirvió para tejer la red criminal con los estados de la frontera norte, sobre todo Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde se encuentran las rutas tradicionales de la migración centroamericana.
En la Casa del Migrante de Saltillo comenzaron a llegar entonces niños, mujeres y hombres con historias cada vez más terribles de su travesía por México.
"Empezamos a registrar casos de gente que en los lugares donde había sido secuestrada era torturada y otra más ejecutada. Teníamos casos registrados de niños, de mujeres embarazadas. Y después esto comenzó a crecer en violencia", dice Xicoténcatl, sentado en el vacío de su oficina, al fondo del albergue, donde permanentemente observa tres monitores Samsung conectados a 12 cámaras de circuito cerrado que cubren el perímetro y acceso principal del albergue.
El director es un hombre de 33 años que conserva mucho de su apariencia adolescente, de rasgos finos y breves como su cuerpo que apenas roza el metro con sesenta.
Pero él, junto con el medio centenar de voluntarios y trabajadores del albergue, también cambió de estatus, como los migrantes, cuando del registro informal de testimonios pasaron a la documentación formal y comenzaron, en 2010, a ventilar los casos de manera pública.
Contra la corrupción
A 100 kilómetros de distancia, Alberto Xicoténcatl Carrasco atraviesa con paso resuelto el enorme patio que media entre el área de oficinas y los dormitorios en los que han albergado hasta 400 migrantes en un mismo día. Detiene su marcha y observa hacia la caseta de vigilancia, donde un guardia y dos voluntarios cuidan la llegada de extraños. Lo que ellos ven es lo único en lo que confía. Los monitores Samsung de su oficina fueron colocados hace meses, después de que el procurador del Estado les dijo que necesitaba evidencia, al menos fílmica, de que hombres armados y en camionetas rondan el albergue, porque el hecho que lo hagan no constituye delito.
La Secretaría de Gobernación se comprometió a brindarles auxilio y mandó instalar las cámaras de circuito cerrado y los monitores.
Reportaron un gasto de 250 mil pesos, pero todo fue una pifia: ninguno de los aparatos tiene disco duro, así que nada de lo que captan las cámaras ha quedado registrado.
"Sabemos a lo que nos enfrentamos —dice Xicoténcatl, como si hablara a sus fieles para consolarlos en la desgracia—, pero nuestra labor seguirá siendo la misma: garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, denunciar la corrupción de las autoridades y para ello la única vía es la documentación. Ellos lo saben, y por eso me queda perfectamente claro por qué aquella noche me pararon para robarme mi celular, igual que como hicieron con mis compañeros".
Sinembargo.mx
> HONDURAS LAMENTA LA SITUACIÓN
En seis meses, 10 mil plagiados
En marzo de 2011, Patricia Villamil Perdomo, entonces cónsul de Honduras en Chiapas, aprovechó su intervención durante un congreso internacional sobre género y migración para denunciar la explotación sexual de la que eran víctimas coterráneas suyas en bares y prostíbulos de ese Estado.
Eran enganchadas en pueblos y colonias miserables, donde les prometían trabajo en casas o restaurantes mexicanos. Pero igual que había pasado con sus denuncias previas ante autoridades y medios de información, Villamil vio caer al vacío sus palabras. Lejos de desanimarse, trabajó en convencer a las víctimas —muchas de ellas menores— para acudir ante autoridades judiciales y obligar así una investigación. Como respuesta fue amenazada de muerte, y el 17 de junio de ese mismo año la cancillería anunció su destitución, "para proteger su vida".
Lo dicho por Villamil distaba mucho de ser una revelación. Los hondureños aparecen como enganchadores en la mayoría de los relatos de centroamericanos plagiados en México desde 2007.
Son parte operativa de una estructura enorme que termina en la frontera de Tamaulipas con Texas, a casi tres mil kilómetros de distancia de Tegucigalpa. Se desplazan por la red carretera sin preocupaciones, a menos que avisten un retén militar. Suelen infiltrarse en albergues para seleccionar a sus víctimas, vigilados desde afuera por sus jefes mexicanos o agentes de policía: municipales, estatales, federales.
La impunidad es factible por la fortuna que les prodiga el negocio. De acuerdo con los Informes Especiales sobre Secuestro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cada seis meses unos 10 mil migrantes son víctimas de este delito. El primero de esos informes fue publicado en 2009, sin que hubiera reacción del Gobierno federal. Ello sucedió un año más tarde, tras la primera masacre de 72 migrantes en San Fernando.
Seguir la ruta directa hacia Matamoros y Reynosa se había convertido desde antes en una aventura en la que las posibilidades de ser capturados por células de la delincuencia organizada o policías corruptos eran enormes. Muchos preferían por ello desviarse un poco, hacia Monterrey, y evadir la costa del Golfo, que los obligaba a cruzar San Fernando. El problema es que la Zona Metropolitana de Monterrey es otro hervidero.
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