"No me peguen más, estoy embarazada", suplicó Rosa Isela Orozco Sandoval al policía federal que la golpeaba mientras dormía en los portales del palacio municipal de esta ciudad, donde participaba en un plantón por el alto precio de las tarifas de luz.La respuesta del policía fue contundente: "¡Vete mucho a la verga, puta!". A partir de ese momento inició la tortura: "Me agarraron a patadas. Después me daban muchos golpes por las caderas… Lamentablemente perdí al bebé. Era una niña".
Rosa Isela, es parte de un grupo de sobrevivientes del operativo realizado por la Policía Federal en esta ciudad, el pasado 6 de enero afuera del Palacio municipal y en la avenida Constitución, donde murieron 16 personas, entre ellas, niños y mujeres.
El operativo, ordenado por el ex comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, es calificado como "una matanza" por estos sobrevivientes que por primera vez han decidido mostrar sus rostros, para denunciar la tortura, y la "fabricación" de delitos que sufrieron por parte de la Policía Federal.
Un total de dos mujeres y 41 hombres fueron detenidos y acusados de "asociación delictuosa y portación de armas de uso exclusivo del Ejército". El ex comisionado Castillo Cervantes afirmó que de acuerdo a los dictámenes periciales y pruebas, los detenidos eran responsables de seis de las personas asesinadas durante el operativo.
Los 44 estuvieron presos 11 días, pero luego el el juez Quinto de Distrito con sede en Uruapan, Jorge Armando Wong Aceituno, concedió la libertad a 38 de los detenidos porque dijo que no "encontró elementos" para procesarlos por los delitos que se les imputaba.
Rosa Isela Orozco Sandoval y Mirusbella Lara García, fueron liberadas luego de sufrir la tortura, al igual que el resto: "Nos llevaron detenidas sin una orden de aprehensión. Nosotras no estábamos haciendo nada. Nos metieron presas por un delito que no cometimos. No recibí una atención médica, perdí mi embarazo. No me atendieron para nada. Iba demasiado golpeada. Pido que hagan justicia, que me limpien mi nombre porque soy inocente y no tenía porque quedar con un récord tan horrible por algo que no es verdad. Me ponen como la peor delincuente con unas armas que en mi vida había visto", dice Rosa Isela de 21 años.
Y muestra el documento dirigido por Natasha María Bidault Mniszek, directora general del Centro Federal Femenil Noroeste, que acredita su libertad, pero no la declara inocente: "Quiero que me limpien mi nombre, quiero justicia, que enjuicien a los policías federales que nos torturaron y a los que fueron ejecutando gente".
Recuerda que la madrugada del 6 de enero fue a comprar juguetes para regalar y decidió apoyar a la gente que protestaba en los portales del palacio municipal cuando la sorprendieron los balazos: "De pronto sentí a los federales encima. Estaba todo muy oscuro. Nos empiezan a golpear con muchas groserías y me llevan bien golpeada".
Dice que uno de los federales le gritaba: "Te vamos a llevar con Los Templarios, cabrona". Había otra muchacha y el policía decía: "Péguele porque si ella tuviera armas le dispararía". Y yo le dije: "¿Armas, de dónde?. En mi vida había visto un arma.
Los policías que la torturaban le gritaban: ¿Dónde están las armas?. Y ella les preguntaba: ¿Cuáles armas?: "Entonces, me pegaban más y me cacheteaban".
Cuenta que fue testigo como los federales iban "rematando" gente: "Allí cayeron varios desarmados. No había armas. Cuando me llevaban presa, había unas muchachas heridas y llegaron y las remataron. Mi pantalón estaba lleno de sangre, pero era sangre de ellas mismas. Yo vi como a los que estaban tirados, llegaban y los remataban. Fue una matanza, no dieron chance de que nadie se defendiera y además nadie andaba armado".
Explica que entre el caos, los federales ayudados por los militares iban deteniendo gente que no tenía nada que ver en el plantón: "A los detenidos, nos encañonaban horrible por todos lados, por la cabeza, por las costillas".
Rosa Isela llegó seriamente lastimada a la prisión y con visibles huellas de tortura. Su madre, María Concepción Sandoval Mendoza de 36 años pidió verla: "La vi golpeadísima, prendida en calentura, descalza, hinchada de todas partes por los golpes, llena de moretones porque le pegaron con un tubo. Sentí un dolor muy grande. Le dejé mi chamarra y mis zapatos. Me dijo: "Mami, sácame de aquí". Llorando le contesté: "Yo voy a hacer todo lo posible por sacarte".
Ambas son jornaleras dedicadas a la pizca del limón. María Concepción va vestida con un top negro y pantalón de mezclilla y usa unas grandes arracadas plateadas: "Ella se vino a comprar los reyes de mi nieta y luego supe que hubo balacera. Me voy a buscarla. Me encontré a una persona y me dijo: "¿A dónde va? Yo le dije, a Apatzingán. Y me dijo: "Regrésese porque está feo y no están dejando pasar". Pero a mi no me importó yo voy a buscar a mi hija y me eché a correr. Cuando llegue al lugar de la balacera, era una tristeza como había ropa de bebés bañadas en sangre, ver charcos de sangre donde había personas que ni siquiera tenia armas. Era una tristeza ver tanta injusticia. Yo vi los restos de la matanza".
Luego de recorrer los hospitales, el cuartel militar fue al Semefo:"Anduve buscándola entre los muertos, había criaturas muertas y gente que andaba buscando a los desaprecidos, personas que nunca han aparecido. El gobierno escondió todo eso. Tenemos un gobierno corrupto, cochino que no sirve para nada. Un señor me dijo: "van muertos para Morelia. Son dos hombres y dos mujeres".
Sin "un peso en la bolsa" se fue a Morelia y preguntó en la PGR donde le confirmaron que su hija estaba presa. Luego de verla, acudió a un abogado que le cobraba 30 mil pesos sólo por tomar el caso, luego tuvo la suerte de encontrar a otro que la ayudó hasta el final.
Con un tono de indignación, dice: "Ya estamos hartos de la corrupción, de la injusticia por el gobierno cochino y corrupto. Lo único que pido es que el nombre de mi hija quede limpio. Con mi esfuerzo le di educación y ahora no puede tener un trabajo porque le dejaron antecedentes penales. A los federales les tengo coraje, porque nadie merecía lo que hicieron. A mi hija, le pusieron una arma de uso exclusiva del gobierno, una granada y un radio. No es justo. Ella es inocente".
POLÍTICA DE EXTERMINIO
En Michoacán la violencia sigue siendo cotidiana. Cada día se informa de un nuevo "enfrentamiento" entre agentes de la seguridad del Estado y otros grupos armados, algo que para el sacerdote Alejandro Solalinde, quien ha estado cerca de las víctimas de la violencia, es un claro mensaje para atemorizar a la gente.
Luego de oficiar una misa para las víctimas en la parroquia San Pedro en la colonia Chapultepec, explicó que los hechos ocurridos en Apatzingan o Ecuandureo, solo puede ser consideradas como "matanzas":
"Todas estas ejecuciones extrajudiciales no son más que la nueva política del gobierno. La política de este gobierno ya no va a hacer juicios, ya no van a detener gente ni a ocupar cárceles porque ya están llenas. Ahora lo que están haciendo es exterminio, un exterminio de supuestos maleantes, pero si son o no son, la orden es exterminarlos. Si son muy chavos o no, igual. Es lo que parece decir estas ejecuciones extrajudiciales que hemos visto en Michoacán".
Indignado por los testimonios de las víctimas, explica: "El exterminio es una política de Estado porque participan los federales, el Ejército y la Marina. Y aunque los altos mandos digan que no, es imposible, yo conozco a los militares y se como funciona todo esto. Es imposible que un grupo de oficiales contradigan órdenes porque saben que eso significa perder el trabajo y hacerles un juicio. Ellos solamente van a obedecer. No puede ser a que a ellos se les ocurrió la puntada de matar a esa gente. Son ordenes de arriba".
Para el sacerdote católico, comprometido con los derechos humanos y la defensa de los migrantes, los hechos en Apatzingán y Ecuandureo, demuestran que el gobierno de Enrique Peña Nieto no respeta el Estado de derecho: "Cacarea, habla del Estado de derecho, pero no lo respeta, es el primero que no lo respeta. Son decisiones equivocadas de asesores equivocados que no siguen un apego a los derechos humanos o a las leyes, sino que es más fácil para ellos ejecutar porque es más cómodo y lo acaban y ya".
Añade: "El Gobierno mexicano es el primero que firma todos los tratados habidos y por haber en derechos humanos, pero son los mismos que no los respetan, ni los aplicas, ni es congruente con ellos. El Gobierno de México si no tiene ética, menos va a tener una cultura de derechos humanos".
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