México, 1 Feb. (AP).- Los grupos de autodefensa que han tomado las armas contra los carteles del narcotráfico y la delincuencia común en el sur de México anunciaron el jueves que acusarán de crimen organizado, secuestro y extorsión a los 50 hombres y tres mujeres que tienen detenidos en cárceles improvisadas.

Los habitantes de comunidades —erigidos en policía comunitaria y provistos de vetustos fusiles de caza, antiguas pistolas y escopetas de bajo calibre— realizan patrullajes e instalan retenes desde hace casi un mes en la localidad de Ayutla para defender a sus comunidades de la delincuencia. Argumentan que las autoridades han sido incapaces de llevar paz y seguridad al estado de Guerrero, colindante con el océano Pacífico.

Hasta ahora, el gobierno estatal ha tolerado pero no reconocido formalmente a esas organizaciones de autodefensa, que según sus críticos son una especie de grupos justicieros que afectan ilegalmente los derechos de terceros con sus retenes y detenciones.

La tendencia a crear policías de autodefensa crece en México y ha llegado a otras localidades de Guerrero. Pero también causa preocupación entre dirigentes de derechos humanos quienes consideran que no debe permitirse que los ciudadanos tomen la justicia en sus manos.

"Lo que está ocurriendo en comunidades del estado de Guerrero es una advertencia que debe alertar a las autoridades para cumplir con su deber de suministrar seguridad pública y evitar que estas actitudes se reproduzcan y rebasen a las instituciones", observó el titular de la independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia. Pero en localidades como Ayutla es evidente que el movimiento de autodefensa tiene ya intimidadas a las autoridades.

Los habitantes de varias localidades se han organizado en grupos de casi una decena para patrullar caminos y registrar a conductores, al tiempo que cruzan su identificación con los nombres que llevan en listas manuscritas de "malos".

El jueves, los detenidos, serios y desconcertados, fueron escoltados entre filas de justicieros armados y enmascarados en la plaza céntrica de El Mesón, en el municipio de Ayutla. Aunque los capturados parecían limpios, bien alimentados y sin señales de maltrato, los habitantes no permitieron que los periodistas hablaran con los detenidos.

Hace dos semanas, varios lugareños alejaron de su localidad a un grupo de directivos de derechos humanos de Guerrero que había ido a visitar a los detenidos para verificar que estuvieron recibiendo un buen trato. La ley mexicana permite a las comisiones de derechos humanos que investiguen abusos de autoridades, no de civiles contra civiles.

"No sabemos realmente si hay autoridades involucradas aquí", dijo el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, Juan Alarcón Hernández.

Bruno Plácido, líder del movimiento de autodefensa, dijo que los detenidos, a quienes el movimiento describe como "personas en investigación" y no como prisioneros, serán enjuiciados por una asamblea comunitaria.

Pero Plácido se abstuvo de mencionar los detalles de ese "juicio" que posiblemente comience la próxima semana. "Todo eso lo va a resolver la asamblea", expresó.

La plaza de armas de El Mesón fue atestada el jueves por habitantes y campesinos que asistieron al acto que los prisioneros pasaron lista.

La procuradora de justicia de Guerrero, Martha Garzón Bernal, dijo el jueves a los medios de comunicación que los grupos de autodefensa no tienen el derecho legal de detener a sospechosos, y advirtió que los miembros del movimiento podrían ser acusados de secuestro.

Desde 1995, unas 80 comunidades de Guerrero han organizado fuerzas de "policía comunitaria" con reconocimiento legal.

Con sus propias cárceles, "cortes" y castigos que pueden incluir trabajo forzado en favor de la comunidad y programas de rehabilitación social, la policía comunitaria es generalmente reconocida por la ley estatal. Sin embargo, las fuerzas de autodefensa de Ayutla son ajenas a ese sistema.