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Desde las sombras escuchaban el accionar de las armas, cuatrimotos y las camionetas que aplanaban los caminos terregosos. Cuando el silencio volvía a imperar, apaciguaban el miedo y regresaban a sus viviendas. Era la señal de que el peligro había pasado, al menos por esa noche.
Así era la vida en 2011 en este poblado que es parte del municipio de Sinaloa de Leyva, muy cerca de Badiraguato, Sinaloa, en el llamado Triángulo Dorado del narcotráfico mexicano —sierra compartida por Durango, Chihuahua y Sinaloa—.
Al paso de los meses, el temor a la violencia escaló a los homicidios. A inicios de 2012 un grupo armado secuestró y asesinó a un joven originario del poblado vecino de San José de los Hornos.
"Cuando mataron al muchacho, las mujeres fuimos por él, acompañadas por el comisario. Ahí habían dejado un papel donde se atribuían el asesinato; el papel decía que eso les iba a pasar a todos los 'dedos' [soplones] de 'El Chapo', que porque ahí era puro Beltrán Leyva", recuerda la señora Esperanza Hernández, una mujer que ronda los 50 años de edad, originaria de Ocurague y que se desplazó a la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.
El nuevo grupo criminal condicionó a los pobladores a unirse a ellos, abandonar sus tierras o morir en sus manos.
"Asesinaron a una familia entera. Los cuerpos quedaron ahí tirados. Fue una cosa muy difícil y muy fea: imagínese tener que dejar ahí a los cuerpos, y la gente tener que venirse por el miedo. Una persona decía que venían los 'Beltrán Leyva' a quemar el rancho y a matar al que encontraran", menciona con la mirada vaga, mientras recuerda los homicidios de 30 personas de la zona, y el éxodo de 96 familias que habitaban Ocurague, ahora un pueblo fantasma.
Por eso, por el terror, el 12 de enero de 2012, junto con su familia y un pueblo entero, Esperanza salió huyendo: dejó el abarrote familiar, su casa, su siembra, su ganado.
Desde entonces, esta madre soltera se convirtió en una activista que lucha para que se mejoren las condiciones de los desplazados; ha hecho un padrón de los que se hallan en Guamúchil y ha registrado a los que se fueron al norte del estado, particularmente a quienes se asentaron en Guasave y en Choix.
El trauma del desplazamiento ha sido muy grande, explica Esperanza, primero por la falta de empleo y vivienda, y después por el desconocimiento de la vida de la ciudad, donde todo cuesta, hasta el agua.
"No podemos acostumbrarnos a vivir aquí: allá, si se acaba el gas, hay leña; tenemos gallinas que producen huevo, tenemos carne, queso; tenemos agua. Ocurague significa lugar donde nace el agua, hay una arroyo que nunca se seca. Nunca carecemos de fruta. ¡Aquí hay que comprarla!"
Las demandas de la mayoría de los desplazados son: el regreso de las familias a sus pueblos con garantías de seguridad o, en su defecto, ayuda para un empleo, educación y una indemnización por las tierras y bienes perdidos a manos de grupos del narcotráfico.
Sinaloa: mayor desplazamiento
En los últimos 12 años, en Sinaloa se han registrado más de 25 mil desplazados por violencia y sequía, según cifras de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, una organización de la sociedad civil fundada hace 30 años.
La cantidad es mayor al total del desplazamiento forzado en Honduras —17 mil— y en el Congo —7 mil 800—, de acuerdo con los datos del Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, que fueron compilados hasta finales de 2013.
Por su parte, desde febrero de 2012 la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Sinaloa (Sedeshu) inició su propio conteo de desplazados por la violencia que genera el crimen organizado. A mayo de 2014, la dependencia ha contabilizado 4 mil 714 personas, divididas en mil 117 familias.
Los resultados muestran que 70% de los desplazados lo integran mujeres, niños y ancianos.
Reconstruir la escuela
El estado de Sinaloa no sólo ha recibido éxodo local, sino interestatal. Ha sido receptor de desplazados de la sierra de Durango, de la capital del estado y del municipio de Pueblo Nuevo. Los habitantes de estas zonas encontraron refugio en los municipios sureños de Elota y Cosalá.
Por la violencia y el miedo se han refugiado en Choix, municipio de Sinaloa, pobladores indígenas rarámuris que habitaban la zona serrana de esta localidad.
De acuerdo con los datos proporcionados por Simón Ruiz, un indígena mayo, coordinador de Pueblos Indígenas del ayuntamiento de Choix, a la cabecera se han desplazado más de 60 rarámuris provenientes de entre 11 y 13 comunidades como La Culebra, Tacopaco, Corral Quemado y Las Juntas.
Estos datos no se encuentran en el estudio del gobierno de Sinaloa, pero fueron documentados por estos reporteros.
Para atender el desplazamiento, el municipio y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) adaptaron una casona como escuela y comedor, lugar adonde acuden niños y adultos rarámuris.
En este lugar se reubicó la primaria indígena Amado Nervo, que originalmente se hallaba en el poblado de La Culebra.
En el estado de Chihuahua no se reconoce el problema del desplazamiento forzado, según informa la Fiscalía del estado; y en Durango únicamente se tiene registro gubernamental de "cientos" de indígenas desplazados de Tierras Coloradas, municipio de El Mezquital.
A pesar de la falta de registro del gobierno, el documento Proyecto piloto de agencia económica de las mujeres desplazadas por violencia, auspiciado por el Instituto Nacional de las Mujeres, estima que el número del desplazamiento forzado puede llegar a 700 familias que han huido de la violencia en Durango.
"El último acontecimiento de violencia presentado en el estado ocurrió en enero del presente año, en la comunidad San José del Ranchito, a 15 minutos del municipio de El Mezquital, en la cual los grupos al margen de la ley incendiaron tres casas. Esta zona es indígena, y de 2010 hasta la fecha ha sido blanco de fuertes ataques por parte de la violencia; en otras ocasiones se han quemado escuelas, tiendas comunitarias y otras viviendas. De esta zona se produjo el éxodo masivo de los indígenas de Tierras Coloradas, el 28 de diciembre de 2010, en donde fueron quemados 38 inmuebles", se lee en el estudio.
Los tres ataques
La aparición del fenómeno de desplazamiento forzado en la Sierra Madre Occidental coincide en tiempo con la estrategia de combate al narcotráfico del ex presidente Felipe Calderón y con la escisión del cártel de Sinaloa —cuando la banda de los Beltrán Leyva se desprendió de la organización liderada por Joaquín El Chapo Guzmán, e Ismael El Mayo Zambada—.
Fue a principios de 2007 cuando la administración de Calderón envió al Ejército a la misión "antinarco", y en 2008 cuando se fracturó el cártel sinaloense. En los dos últimos años de ese sexenio, el desplazamiento se hizo visible.
Un poblador de la comunidad de la Sierrita de Germán, Sinaloa de Leyva, cuyo nombre se reserva por seguridad, recuerda el arribo de los grupos armados: "Subieron muchos carros con mucha gente, más de 100; acamparon en Los Hornos [Sinaloa de Leyva], ahí pasaron mucho tiempo, fue de esa manera que sometieron a los pobladores de Sierrita de Germán", narra.
El lugareño menciona que en el pueblo vecino, Ocurague, no habían matado a nadie, pero sí llegaban a las tiendas, exigían gasolina, tomaban lo que deseaban sin pagar.
Según testimonios recabados por EL UNIVERSAL en la zona, quienes se dedican a la producción de mariguana y amapola buscan tierras con una fuente de agua cerca y las arrebatan. No hay negociación, no hay compra-venta. Todo es a fuerza de fusil.
El desplazamiento se ha dado por tres razones principales: enfrentamientos entre grupos criminales del mismo cártel, como en la sierra de Choix; porque una banda del crimen organizado, contraria al cártel de Sinaloa, quiso apoderarse de la tierra, como los Beltrán Leyva y sus aliados en la sierra de Sinaloa de Leyva, y porque algunos líderes gavilleros matan a vecinos y a familiares para quedarse con la tierra y el ganado, como es el caso de San Isidro, en Durango.
En este último caso no están involucrados los grandes cárteles, sino pequeños grupos independientes —conocidos como gavillas— que igual pueden robar, asaltar, secuestrar, violar, asesinar, extorsionar o sembrar y vender droga.
El botín verde
La extensión de mil 200 kilómetros de la Sierra Madre Occidental corre de la frontera sur de EU a Jalisco, de manera paralela a la costa del Pacífico, pero es en la zona montañosa de Sinaloa, Chihuahua y Durango donde se concentra la mayor producción de mariguana.
Según el Informe Sexenal 2007-2012 del Programa Nacional para el Control de Drogas implementado en el sexenio de Calderón, esta área concentró el mayor número de cultivos de cannabis destruidos.
Según información del Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia del sexenio pasado, se erradicaron 97 mil 899 hectáreas de mariguana en 13 estados durante el gobierno calderonista. El 71% correspondió a la sierra de Sinaloa, Chihuahua y Durango, con 69 mil 886 hectáreas.
El documento explica que una hectárea produce unos mil 200 kilogramos de mariguana, y que su precio en 2012 era de 80 dólares por kilo. Por tanto, el valor de la cannabis destruida en la zona en ese periodo habría sido de 6 mil 709 millones 56 mil dólares, unos 87 mil 217 millones 728 mil pesos mexicanos, tomando el precio del dólar a 13 pesos. La cantidad es superior a la suma de los presupuestos que ejercieron los gobiernos de Sinaloa y Chihuahua en 2012.
Esto muestra el negocio por el que los criminales se pelean metro a metro el territorio, y que ha generado miles de desplazamientos.
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