Así que en la realidad, ese Plan Integral de Combate a la Corrupción tuvo poco o nada de efectividad, considerando que las policías municipales de Tecate, Rosarito, Ensenada y Mexicali prácticamente no fueron tocadas, lo mismo que la Policía Estatal Preventiva y la Ministerial.
De los militares, por ejemplo los presuntamente implicados en privaciones de la libertad en Mexicali, poco se supo, y de las detenciones de soldados, si se dieron, no se informó. Hoy, en medio de las pugnas internas de células en Tijuana y Mexicali, ante el intento de algunos oficiales de cumplir con su trabajo, o las acciones de uniformados corruptos que sirven a los maleantes de las colonias, resurgen los nombres de ex policías presuntamente implicados con criminales.
De nuevo quienes quieren hacer su trabajo policiaco son amenazados, otros tantos reciben invitaciones para incorporase al mundo criminal, algunos las aceptan y sirven de cobradores a los vendedores de droga.
La mayoría prefieren ignorar el llamado del lado oscuro de la fuerza, sin embargo, ante la inseguridad, tampoco optan por enfrentarlos. Son esos los que sin recibir dinero u órdenes, para no meterse en líos, prefieren hacerse a un lado y desaparecer cuando por la radio se escucha de secuestros u homicidios.
En esas condiciones, lo único que impera es la impunidad, la descomposición y la apatía. Se trata de la más peligrosa estructura delictiva, el crimen desorganizado, donde quienes encabezan las células de traficantes permiten todo. Lo más grave de este proceso de descomposición, es llegar al punto donde parece que las autoridades emulan a los criminales y también son ampliamente permisivas.
Dos homicidas atacan a un policía mientras circula en un auto con su familia, y no pasa nada. Todo indica que los matones recibieron informes de uno de sus compañeros y no hay investigación.
Puras palabras.
El secretario Lares y el alcalde tijuanense Jorge Astiazarán insisten en que todo está bien, que todo va mejor, que no se rajan, que el problema es que faltan policías.
Qué se puede esperar cuando la procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva insiste en evitar temas molestos y hablar solo del baile de las cifras, presumir una reducción estadística del 7 por ciento en homicidios, mientras muestra lo poco que le importa si entre los homicidios de esta semana hubo mutilados, o calcinados, si son dos diarios -como se ha hecho una tétrica costumbre- o cinco asesinatos como sucedió en Tijuana el lunes 8 de septiembre.
Cuál esperanza puede existir con una fiscal que permaneció indiferente ante la desaparición en Ensenada - desde el 11 de mayo de 2014- del agente ministerial Juan Ramón Flores Paredes, y el policía estatal preventivo Carlos Armando García Ortega, a quienes las primeras indagatorias de las policías operativas ligaron con acciones delictivas, pero a Doña Perla tampoco le motivó investigar la corrupción al interior de su corporación.
Como tampoco hay orden específica de parte de la procuradora para perseguir a los homicidas de policías.
Con el agregado de que tampoco se ha ocupado en pedir mayores investigaciones ni colaboración con Estados Unidos, cuando sabe que los baleados son criminales conocidos como Carlos Jahred Rodríguez Hernández, quien desde 2002 forma parte de la galería de "Los Más Buscados" del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y fue baleado el 5 de junio en un restaurante de Tijuana.
A pesar de que sus agresores hablaron de tráfico de droga y bodegas, eso no era asunto de la fiscalía local y así lo ignoraron.
Entonces, ¿cuál coordinación?
Luego de la llegada de la Gendarmería turística, porque a una semana de su arribo, hasta ahora no se han dedicado más que a presentarse con la ciudadanía y mostrar lo amigables que pueden ser, no terminan de informar cuál será su función. Por lo pronto, los jóvenes no se pueden ni ubicar geográficamente en Baja California.
Con suerte, según una de sus atribuciones oficiales, se dedicarán a combatir el secuestro de migrantes, un grave problema de esta zona, pero sigue siendo cuestión de esperar para saber y comprobar si tienen el equipo de inteligencia que presumen.
De continuar las condiciones actuales, sin que los secretarios de seguridad y la procuradora tomen cartas en el combate a la violencia, y si los alcaldes y el gobernador deciden dejarlos en sus puestos aunque no den resultados óptimos, entonces valdría la pena proponer reducirles el sueldo de manera considerable.
Porque mientras dejan hacer y dejan pasar, reciben honorarios como si pusieran su vida en riesgo, como si estuvieran combatiendo frontalmente al mundo criminal, y eso no está sucediendo. Como ellos declaran, esos tiempos violentos- por lo menos para ellos- ya pasaron.
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