La ley y el orden en México

La desaparición y presunto homicidio de 43 estudiantes normalistas de hace un mes y medio ha dejado partes de México bajo una fuerte tensión.

Este lunes, miles de manifestantes bloquearon el acceso al Aeropuerto de Acapulco, y la semana pasada decenas de miles más llenaron las calles de la ciudad de México. Su indignación ante un gobierno que no les ha brindado seguridad, no ha respetado el Estado de derecho.

No ha responsabilizado a los criminales y no ha garantizado la justicia para las víctimas y sus familias, es más que comprensible. En pocas palabras, cuando los miembros de pandillas, fuerzas de seguridad y otros deciden matar, saben que tienen buenas probabilidades de salirse con la suya.

Los 43 estudiantes de una escuela rural para maestros desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala, a 192 kilómetros al sur de la ciudad de México. Habían llegado a la ciudad para conseguir fondos y robar un par de camiones para trasladarse a una manifestación. De acuerdo con las autoridades, el alcalde del lugar temió que los estudiantes interrumpieran un discurso que daría su esposa, de manera que pidió a las autoridades que los detuviera. La policía los emboscó, iniciando un tiroteo que dejó un saldo de seis muertos, y entregó a los estudiantes a miembros de un cártel de la droga que los asesinó, quemó sus restos y borró buena parte de la evidencia.

Pese a que el procurador general, Jesús Murillo Karam, dio a conocer el pasado viernes que las autoridades habían arrestado al menos a 72 personas, incluyendo al alcalde y a su esposa, aún hay una serie de preguntas en el aire, principalmente si algunos estudiantes podrían seguir con vida. El gobierno comentó que enviará algunos restos incinerados a un laboratorio de Austria para tratar de identificarlos. Podría haber más elementos con los cuales trabajar si las autoridades federales no hubieran tardado tanto en hacerse cargo de la investigación.

Lamentablemente, el anterior es tan sólo el ejemplo más reciente de la descomposición de la ley y el orden. En junio, personal militar de Tlatlaya asesinó a 22 personas dentro de un almacén; más tarde, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, fiscales estatales detuvieron a dos de los tres testigos sobrevivientes, a quienes golpearon y amenazaron para que declararan que el Ejército no fue responsable de los asesinatos.

Los dos incidentes representan "las peores atrocidades que hemos visto en México en años", de acuerdo con José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch. Sin embargo, ambos forman parte del mismo patrón. Alrededor de 22 mil personas se encuentran desaparecidas desde la ola de violencia que inició en 2006, y 100 mil personas han muerto desde 2007 en hechos vinculados con el crimen organizado. Una investigación realizada en 2013 por Human Rights Watch reveló que en 149 de 250 casos de desaparición, hubo "evidencia convincente" de que hubo agentes estatales involucrados.