Reclama propiedades incautadas madre de los Arellano Félix en Jalisco

José Raymundo Cornejo Olvera el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco otorgó un amparo a Alicia Félix Zazueta.

Madre de los integrantes del cártel de droga identificado, como de los hermanos Arellano Félix, que dominó criminalmente Baja California por más de tres décadas. La protección del poder judicial se le concedió a la madre de los capos.

Para que la Procuraduría General de la República levante el aseguramiento que pesa en un inmueble del Club de Golf Santa Anita, en Jalisco, desde hace 21 años. Asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix ocurrido en octubre de 2013 en Los Cabos, Baja California sur.

Ha propiciado que sus familiares reclamen diversas propiedades que aún se encuentran aseguradas en Jalisco y Sinaloa.

El juzgador determinó que en el juicio 157/2014, la Procuraduría General de la República (PGR) incurrió en diversas omisiones que vulneran los derechos fundamentales de la quejosa, contraviniendo los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en la Constitución. El fallo ordena al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Coordinación "C" de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (UEIDCS), de la PGR, dejar sin efecto el aseguramiento decretado el 9 de agosto de 1993, y dictar un auto en el que se ordene el levantamiento de la medida precautoria, además de restituir plenamente a Alicia Félix el goce de su derecho fundamental violado.

En su momento el fiscal del caso entregó una serie de probanzas indicando que Carlos, Benjamín, Ramón, Enedina y Norma Isabel, de apellidos Arellano Félix, así como Alicia Félix Zazueta y Benjamín Francisco Arellano Sánchez, se dedican a actividades correspondientes al narcotráfico y que las utilidades económicas obtenidas son destinadas a la adquisición de bienes inmuebles, registrados a nombre de ellos mismos, de sus familiares o de terceras personas" y se ordenó el aseguramiento del mención. Y en la reciente determinación, el juez Cornejo criticó que hayan transcurrido "más de veintiún años de que fue dictada tal medida a la actualidad, sin que (el Ministerio Público de la Federación) se pronuncie al respecto", y aunque fue emitido en contra de determinadas personas, en ningún momento se menciona a la quejosa.