El crimen organizado plantea un nuevo desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al alimentar la impunidad y atropellar las instituciones democráticas, afirmó este lunes el presidente del organismo, Diego García-Sayán.
"Nos plantea muchísimos retos, porque cuando las autoridades nacionales y la propia legalidad interna queda abrumada por el crimen organizado y situaciones de violencia fuera de control, todo queda arrasado", comentó el juez peruano a la prensa.
"Es uno de los temas más complejos y difíciles en nuestra región, porque la forma en la que el crimen organizado busca la impunidad asume como ingrediente el atropello a las instituciones públicas, a los derechos y obligaciones establecidos en un Estado democrático", destacó.
García-Sayán señaló que "no es tarea de la Corte" fijar criterios ni pautas sobre la lucha contra el crimen organizado, pero "no se puede negar que es un hecho que indiscutiblemente tiene relación con lo que le preocupa a un tribunal de derechos humanos".
"La eventual debilidad de las instituciones públicas para enfrentarlo sí tiene efectos en los derechos humanos", agregó el presidente de la Corte IDH en la apertura de las sesiones de dos semanas del tribunal, con sede en San José.
El jerarca destacó esos nuevos retos, tras señalar que la Corte, que antes se ocupaba principalmente de juzgar hechos "sangrientos" bajo regímenes militares, amplió en los últimos años su marco de acción, en defensa, por ejemplo, de los derechos de poblaciones indígenas.
Los narcotraficantes han desatado en los últimos años la violencia en América Latina, aumentan a diario sus operaciones de lavado de dinero, abren mercados internos y pagan en cocaína a quienes distribuyen y transportan la droga.
Poderosos cárteles mexicanos -como el de Los Zetas- desplazaron operaciones a Centroamérica y con las pandillas hicieron de la empobrecida región la más violenta del mundo, según la ONU.
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