"Se estima que en México la delincuencia organizada mantiene esclavizados a más de 25 mil menores de edad", señala el documento de la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por su homólogo Ricardo Monreal Ávila, ambos del Movimiento Ciudadano.
En el texto se señala también que "los cárteles integran equipos operativos armados con esquemas militares y paramilitares para controlar el territorio que se disputan entre grupos rivales, en los que figuran miles de menores de edad".
Como ejemplo mencionó las entidades de Morelos, Puebla, Guerrero y Distrito Federal donde, asegura, existen 450 puntos de distribución de droga al mayoreo para abastecer las "narcotienditas", que custodian jóvenes y adolescentes en equipos de 10 integrantes, de los que seis están armados.
De estas cifras se desprende que "de cuatro mil 500 menores de edad involucrados en labores de seguridad, dos mil 700 aproximadamente manejan armamento, y eso ocurre sólo en cuatro de las 32 entidades del país".
El documento recuerda que la organización internacional Save the Children argumenta que los niños, adolescentes y jóvenes que son absorbidos por la delincuencia organizada, entran en el rango de víctimas por el sólo hecho de su edad.
Asegura que "las bandas criminales han encontrado el medio para obligar a menores de edad a realizar trabajos forzados, ser esclavos del narco ya sea vía secuestro, engaño o coerción, acompañados en gran parte por violencia física y emocional".
Los niños y adolescentes implicados en delitos graves, como plagio, homicidio y violación, reciben penas con un efecto ejemplificador, pero lo que se necesita es la prevención y la erradicación de su reclutamiento forzoso.
En el dictamen se precisa que la protección integral de esas personas le corresponde al Estado, por lo cual propone la modificación urgente del Artículo 21, inciso C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El artículo quedaría así: "Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra actos u omisiones dolosas que puedan afectar su salud física, mental, emocional y sexual, su normal desarrollo o su derecho a la educación, en los términos establecidos en el Artículo 3 constitucional. Las normas establecerán las formas de prevenir y evitar estas conductas".
En el inciso C del mismo artículo se lee: "Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamientos y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados y de delincuencia organizada".
Con esta reforma se pretende "garantizar la protección de los infantes y adolescentes en reclutamientos forzados en la delincuencia organizada", precisa el dictamen.
jlr
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