SALTILLO, Coah.- Los bienes que tiene la delincuencia organizada en Coahuila pasarán a ser propiedad del estado, mediante un proceso judicial, establece la iniciativa de la Ley de Extinción de Dominio del estado aprobada por unanimidad de votos de los diputados del Congreso local en su sesión de este martes.
En el dictamen de la comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, se establece que la extinción de dominio: Es la pérdida de los derechos de propiedad sobre los bienes, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño, ni para quien se ostente o comporte como tal.
Por tanto, en juicio, el inculpado tendrá que demostrar que el origen y la propiedad de sus posesiones son lícitos, pues la sentencia en la que se le declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado, quien los destinará al bienestar social, la seguridad pública y la procuración de justicia.
Cuando los inmuebles se encuentren situados fuera de Coahuila, se dará vista a la autoridad competente de dicho lugar, sin perjuicio de ordenar las medidas necesarias para la procedencia y tramitación de la acción hasta su conclusión en este estado.
Con este procedimiento se lograrán diversos fines relevantes, entre ellos, acotar y disminuir los recursos con que cuenta la delincuencia, destaca la iniciativa suscrita por el gobernador Rubén Moreira Valdez, basada en reformas constitucionales y parámetros internacionales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El procedimiento de extinción de dominio se sustenta en los principios constitucionales de seguridad jurídica, de legalidad, del debido proceso y de la garantía de audiencia.
La iniciativa señala que algunos inmuebles y vehículos, por ejemplo, son utilizados por los criminales para cometer delitos que agravian a la sociedad y aunque se sabe que son mal habidos las autoridades no tienen herramientas legales para incautárselos.
De forma diplomática, en la exposición de hechos se señala el terror, miedo, desesperación e impotencia que viven los coahuilenses cuando los delincuentes los amenazan o golpean y les roban o despojan de sus casas, terrenos, ranchos, carros, camionetas, dinero y todo lo que tienen de valor.
A los comerciantes o puesteros de los mercados fijos y sobre ruedas les cobran cuotas "por derecho de piso" para dejarlos trabajar, pues los maleantes, amparados en el anonimato, actúan impunemente.
Moreira Valdez afirma que la seguridad pública es un tema que requiere atención urgente e inmediata. La sociedad exige cada vez con mayor intensidad que los sistemas de seguridad y justicia operen con eficacia. Esto es reflejo de la situación que se vive cotidianamente en los municipios de toda la entidad.
El deterioro de la seguridad de los ciudadanos y la presencia de la impunidad y la corrupción son fenómenos con consecuencias que van más allá de las víctimas directas de las acciones de los delincuentes", subraya el mandatario.
Esto, agrega, tiene como efecto que se debilita el tejido social, inhiben o aniquilan las actividades económicas y con ello las fuentes de empleo, y destruyen la confianza de la sociedad en sus instituciones.
Asimismo, establece que la sociedad necesita recuperar la confianza, que las víctimas del delito vean enteramente de su lado las instituciones, para alentar así la denuncia de los delitos y abatir la impunidad.
La extinción de dominio, a diferencia del decomiso y la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono, es una figura distinta e independiente de la responsabilidad penal, y que no implica la imposición de una pena a un delincuente por la comisión de un delito.
Se trata de una acción real, autónoma y de carácter patrimonial, que se inicia y desarrolla en relación con bienes concretos y determinados con observancia de las garantías del debido proceso.
Procederá la requisa cuando se demuestre que fueron utilizados para cometer delitos de Secuestro; Contra la salud en su modalidad de narcomenudeo; Robo de vehículos; Trata de personas y Facilitación delictiva, entre otros.
La nueva ley, que entrará en vigor 90 días después de su publicación en el periódico oficial del estado, se basa en las reformas al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que conserva las figuras de decomiso y la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono, y las complementa al crear una nueva herramienta consistente en la extinción de dominio de bienes.
Refiere que entre los diversos instrumentos internacionales suscritos por el Gobierno de México, como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que en su artículo 5 habla del decomiso del producto derivado de delitos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Ahí se determina la obligación de los estados parte, de instrumentar procedimientos encaminados a la privación, con carácter definitivo, de algún bien de origen ilícito por decisión de un tribunal o de una autoridad competente, así como considerar la posibilidad de revertir la carga de la prueba respecto del origen licito de dichos bienes, en la medida en que ello sea compatible con los principios del derecho interno.
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