Como resultado de la designación de hoy, todos los bienes de los designados localizados en Estados Unidos o controlados por estadounidenses serán congelados, y de manera generalizada, a los estadounidenses se les prohíbe llevar a cabo transacciones financieras con ellos.
"Los narcotraficantes acuden a menudo a abogados corruptos para encubrir y facilitar sus actividades ilícitas," expresó el Director de OFAC Adam J. Szubin, en declaraciones que difundió hoy la embajada de Estados Unidos en México.
"Continuaremos eliminando el financiamiento de cualquier representante que permita las transacciones ilegales de las organizaciones de tráfico de droga", dijo el funcionario.
La acción de hoy jueves señala a José Aviña Bribiesca, Ignacio González Hernández y Janette Iliana González Linares, quienes son todos abogados localizados en Guadalajara, México. Ellos actúan a beneficio del abogado mexicano previamente designado Juvencio Ignacio González Parada, un asesor de muchos años de los capos de la droga Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno.
González Parada se ha involucrado en el soborno y asiste en la administración de los activos y propiedades ilícitamente obtenidos de estos narcotraficantes. Aviña Bribiesca y González Hernández, el yerno y el hijo de González Parada respectivamente, junto con González Linares están implicados en una serie de actividades, en nombre de las redes de Caro Quintero y Esparragoza Moreno, incluyendo la administración de propiedad inmobiliaria.
Además, Aviña Bribiesca, González Hernández y González Linares ocupan cargos oficiales en la empresa inmobiliaria Bona-Habitat con sede en Guadalajara, que también fue designada hoy porque está controlada por González Parada.
Caro Quintero y Esparragoza Moreno fueron identificados como importantes narcotraficantes extranjeros conforme a la Ley Kingpin en el año 2000 y 2003, respectivamente.
Ambos son fugitivos de los Estados Unidos por de tráfico de drogas. Caro Quintero también es buscado por el secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena, un agente especial con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en 1985. El programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Caro Quintero y Esparragoza Moreno.
En junio de 2014, comenzaron a circular rumores no corroborados sobre la posible muerte de Esparragoza Moreno. Sin embargo, las autoridades mexicanas no han podido confirmar estas afirmaciones.
La acción de hoy se llevó a cabo en cercana coordinación con la DEA, y es parte de un gran esfuerzo para sancionar organizaciones de narcotráfico mexicanas en colaboración con las autoridades de México.
Desde junio del año 2000, más de mil 600 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta mil 075 millones por cada violación y penas criminales más severas.
El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de Estados Unidos por violación criminal de la Ley Kingpin.
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