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Pese a las indicios, Salazar Vázquez se convirtió en la primera Presidenta municipal de Matamoros y el empresario sospechoso, Luis Alfredo Biasi, en el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado; es decir, su brazo derecho y su acompañante habitual en los eventos públicos.
Un mes después de asumir el gobierno, y luego de un domingo de balaceras, bloqueos, "levantones" y de al menos 13 homicidios, el 3 de noviembre de 2013 la Alcaldesa Salazar volvió a ser tema de nota nacional al pedir a los habitantes de la ciudad no salir a las calles debido a que "sabía" que la violencia obedecía a una disputa interna de dicha organización criminal y que "seguramente" iba a continuar.
En enero siguiente, la nota fue Biasi, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargara una bodega con mercancía importada presuntamente de manera ilegal –bebidas alcohólicas y cigarro– y que, según reportes de los varios sitios electrónicos de Tamaulipas, pertenecía al entonces encumbrado funcionario municipal.
"Se confirmó que las bodegas ubicadas en el lugar del operativo donde se realizó este embargo pertenecen al Secretario de Desarrollo Social del Municipio de Matamoros, Luis Alfredo Biasi", publicó el 1 de febrero.
Pero nada ocurrió entonces con el funcionario sospechoso y la vida continuó de manera normal en Matamoros y en la mayor parte de Tamaulipas durante 2014; es decir, en un entorno de casi total impunidad, corrupción y violencia en el que persistieron los reportes de hechos de "terrorismo", los homicidios, los secuestros, los miles de robos de vehículos, las balaceras, los explosivos y demás crímenes que han convertido al estado en sinónimo de ingobernabilidad en México.
Datos del reporte de incidencia delictiva del fuero común en 2014 –que fue difundido en diciembre pasado– plantean que, entre enero y noviembre, en la entidad hubo 528 homicidios, casi 5 mil 500 robos de vehículos y 244 secuestros denunciados, delito éste último en el que el estado ocupó el primer lugar nacional.
LA VIOLENCIA NO CESA
Un recuento de hechos de alto impacto hecho sólo con los reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) expone, por separado, que la violencia de este 2014 inició desde la noche del 13 de enero, cuando hombres armados ingresaron en el rancho del ex Alcalde David Manríquez Pérez, en el Municipio de Llera de Canales, al sur de Ciudad Victoria, y le dispararon en varias ocasiones.
Luego, a principios de marzo, durante una persecución con policías, civiles armados lanzaron una granada al interior de una escuela primaria de Ciudad Victoria que no dejó consecuencias debido a que no habían iniciado las clases.
Otro explosivo sin consecuencias detonó días después también en Victoria el 24 de marzo y, un mes después, la noche del 25 de abril, un grupo de hombres armados irrumpió en una taquería, también en la capital, y abrió fuego indiscriminado asesinando a dos personas e hiriendo de bala a otras siete, entre ellos a un niño de cinco años y a una anciana de 72.
Diez días después, también en Ciudad Victoria, el nuevo director de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el coronel Salvador de Haro Muñoz, fue asesinado en su camioneta, junto con sus dos escoltas, y a manos presuntamente de elementos de la Policía Estatal Acreditable.
De acuerdo con la profesora-investigadora y directora del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Brownsville, Guadalupe Correa, esos hechos de violencia y los que siguieron el resto de 2014, sobre todo –dice– en municipios como Matamoros, Reynosa, Tampico o Mante obedecen a lo que denominó "una tercera etapa en el descabezamiento" de la estructura tanto de los zetas como del Cártel del Golfo y que, todo indica, dice, ahora viven luchas internas.
"No hay una lucha entre cárteles. Esta violencia se da en plazas que están en control de un grupo. Es una lucha interna del Cártel del Golfo derivadas de detenciones; es como una tercera etapa de descabezamiento de los grupos, el momento del desmantelamiento de la estructura de sicariato que se generó para esta guerra en la que ya fueron eliminados presuntos capos como Heriberto Lazcano o el 'Z-40′", dice la académica.
En ese contexto, el 13 de mayo, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Angel Osorio Chong, acudió a Reynosa y, aduciendo precisamente dar respuesta a la violencia "al interior de estos grupos", presentó la "nueva fase" de la Estrategia de Seguridad para Tamaulipas con los objetivos, dijo el funcionario, de desarticular la composición de las bandas delictivas, sellar la ruta del tráfico ilícito y garantizar instituciones confiables.
Además de reforzar acciones previas como "redoblar vigilancia en puertos, aeropuertos y principales rutas", Osorio anunció nuevas medidas, como el "uso intensivo de inteligencia para desarticular a las organizaciones delictivas", "recepción de denuncias anónimas", creación de grupos federales especializados en secuestro, despliegue de elementos y tecnología en la red carretera, entre otros.
También, dividió la estrategia en cuatro zonas -frontera, costa, centro y sur- y a cada una asignó mandos especiales de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de la Marina (Semar).
Para finales de julio, tanto el gobierno federal como el del Gobernador, el priista Egidio Torre Cantú, presumían una reducción del 38 por ciento en los homicidios dolosos de junio con respecto a mayo, aumento en las denuncias anónimas y el arresto de siete de los 14 "objetivos prioritarios" fijados al inicio de la estrategia.
EL ASESINATO DE LA TUITERA
Tamaulipas, sin embargo, volvió a sorprender no sólo a México sino al mundo a mediados de octubre pasado, cuando en las redes sociales fue difundido el secuestro y posterior presunto homicidio (la Procuraduría General de Justicia del Estado sólo confirmó lo primero) de la doctora María del Rosario Fuentes Rubio, que, identificada en Twitter como @Miut2, reportaba situaciones de riesgo en la región.
La información presentó la dosis de terror que en México casi sólo proviene de Tamaulipas y, antes de que organizaciones internacionales denunciaran el caso, en la propia cuenta de la víctima en Twitter aparecieron fotografías en las que se le observaba recostada en un charco de sangre.
Apenas tres días antes, el 13 de octubre, una madre de familia de Progreso, Texas, había reportado que sus tres hijos –Erica, Alejandro y José Angel Alvarado Rivera, de 26, 22 y 21 años de edad, respectivamente– se encontraban desaparecidos luego de que acudieron al municipio de Matamoros, al poblado del Control, a visitar a su padre.
Desde un inicio, y con información de testigos, la madre de familia acusó a elementos del Grupo Hércules –a cargo de la seguridad de la Alcaldesa Leticia Salazar– como autores del "levantón" que concluyó el 29 de octubre con el hallazgo de los tres cuerpos asesinados, además de uno de un ciudadano mexicano.
El Grupo Hércules había sido presentado en septiembre anterior por Salazar y Biasi y, de hecho, de acuerdo con la madre de las víctimas, había sido justo en el negocio de éste último donde habían encontrado la camioneta en la que viajaban las víctimas.
Y, a los pocos días, la mañana del lunes 3 de noviembre siguiente, el delegado nombrado por Osorio Chong para la zona fronteriza del estado en la nueva estrategia de seguridad lanzada por el gobierno federal, general Ricardo César Villarreal, fue ejecutado sobre la carretera Monterrey-Nuevo León.
"Tamaulipas presenta actualmente severos problemas de seguridad que se refuerzan por la gran debilidad de sus instituciones de administración de justicia en todos los niveles, su muy limitado grado de organización comunitaria y por la censura mediática casi absoluta en los espacios locales", escribió Guadalupe Correa este fin de año en su reporte Militarización y Seguridad Ciudadana en Tamaulipas (…), elaborado para el Woodrow Wilson Center, de Estados Unidos.
Además, la vinculación del crimen organizado con el poder político y con casi todas las áreas de la vida pública de la región y la consecuente falta de resultados en materia de seguridad después de más de 10 años de disputa, agregó Correa en entrevista, permiten la creación de cuerpos policiacos anticonstitucionales como el formado por Salazar en Matamoros y que derivó en el homicidio de los cuatro jóvenes.
En una situación como la de México –agregó la investigadora– donde la policía no hace lo que debe sino que adopta posiciones extrainstitucionales, donde no hay rendición de cuentas, puede ocurrir casos como en Iguala [Guerrero, donde desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa], donde los policías se extralimitan, porque no hay coordinación ni se ha reconstruido la policía".
Todo esto, concluye, porque la historia del estado en el último siglo es la de la vinculación del crimen organizado con todos los demás aspectos de la vida pública del estado, y porque Los Zetas –que por su formación militar expandieron el concepto de violencia y crimen organizado en el país– y el Cártel del Golfo han contado por años con el poder político.
"Si Los Zetas y el Cártel del Golfo pudieron llegar a controlar el estado de esa forma, las policías, quién entra y quién sale de la política, se debe a la gran unión, al poder que le han dado los políticos al crimen organizado, a la protección, a que todo ha operado para fortalecer este sistema que es controlado por grupos criminales", agregó.
Con ese análisis coincide Raymundo Ramos, encargado del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien asegura que a ningún Gobierno, desde Vicente Fox Quesada, le ha interesado realmente solucionar el problema de inseguridad y corrupción que afecta a Tamaulipas desde principios de siglo.
"No le quieren entrar a resolver el problema de corrupción porque tendrían que empezar, por ejemplo, por meter en la cárcel a Tomás Yárrington [ex Gobernador señalado en Estados Unidos como lavador de dinero para los dos cárteles, además de ser cómplice del homicidio del ex candidato Rodolfo Torre Cantú]", dice Ramos.
"Lo están protegiendo, porque, con un despliegue de fuerzas armadas, marinos y soldados y un aparato enorme de inteligencia y, curiosamente, no saben dónde está el ex Gobernador Yarrington. A partir de ahí, todo lo que anuncia el gobierno federal es simulación", agrega.
Como Correa, Ramos concluye que lo que falta para atajar de fondo el problema de la inseguridad en Tamaulipas, como en todo México, es voluntad: "El problema no se ataca de fondo e, insisto, aunque gasten miles de millones de pesos en armamentos, salarios, vehículos blindados, no darán resultado porque la voluntad no se percibe, porque depuran policías pero, ¿cuándo van a depurar al gobierno?".
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