sábado, 3 de octubre de 2015

Investigaban a los Abarca por narco y homicidios - El Universal

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Antes de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, había al menos tres procuradurías mexicanas que guardaban en sus archivos denuncias e investigaciones donde relacionaban a María de los Ángeles Pineda Villa, a su familia y a su esposo, el ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, con el crimen organizado.

El 31 de mayo de 2013, por ejemplo, el padre de Ángeles Pineda Villa, el señor Salomón Pineda Bermúdez, levantó una denuncia penal con número FAS/T3/668/13-05, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el secuestro de su esposa, María Leonor Villa Ortuño.

Cuando los secuestradores se comunicaron con él, le pusieron una primera condición: que les diera el teléfono de su hija Ángeles. Pero él les contestó que no tenía buena relación ni con ella ni con su yerno, José Luis Abarca, por eso no tenía el número, se lee en la versión pública de la averiguación previa desclasificada por la Procuraduría General de la República (PGR), con base en una orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Como Pineda Bermúdez no les dio el número, llamaron a una sobrina de nombre Escarlet. Ella contó que además del teléfono de su tía, los secuestradores pidieron 10 millones de dólares y "la plaza de Iguala", a cambio de la vida de la señora Villa Ortuño.

Al tiempo se conoció que los plagiarios eran integrantes del cártel de La Familia Michoacana.

"Que no quieren dinero, sino que les pusieran al jefe de la policía y les abrieran la plaza de Iguala", relató Escarlet a la autoridad.

El 7 de junio se conoció que la señora Villa Ortuño había escapado de sus captores y estaba en un hospital del Estado de México.

Tanto el padre, la madre y tres hermanos de Ángeles Pineda han estado relacionados con la delincuencia organizada, primero con el cártel de los Beltrán Leyva y más tarde con la célula de Guerreros Unidos.

"La familia del denunciante [Salomón Pineda] se encuentra vinculada con la delincuencia organizada, como arriba quedó asentado por el propio denunciante", se lee en el parte de la PGJDF.

Expedientes abiertos. En el expediente del caso Ayotzinapa se establece que en julio de 2014 la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la PGR informó sobre las averiguaciones previas donde estuvieran involucrados los hermanos Alberto, Mario y María de los Ángeles Pineda Villa.

Entonces, internamente, a manera de respuesta, se dio a conocer la averiguación previa AP/PGR/GRO/160/C- OE/429/2014, iniciada en la delegación de la PGR en Guerrero, el 10 de abril de 2014, cuando entró una llamada al teléfono de la Policía Federal Ministerial. "Se recibió una llamada de una persona que se identificó como subteniente de Infantería, perteneciente al 27 Batallón de Infantería en Iguala, donde informa sobre el hallazgo de un laboratorio clandestino en la colonia San Miguel, por lo que solicita presencia de personal ministerial y pericial", se lee en el documento.

De acuerdo con la declaración que rindieron ante el Ministerio Público federal los elementos del 27 Batallón que participaron en el hallazgo, el 10 de abril de 2014 recibieron una denuncia anónima y se trasladaron al lugar.

Al arribar a la colonia San Miguelito vieron a siete personas que portaban armas y que al percatarse de la llegada de los militares huyeron del lugar. En el sitio, donde se percibía "un olor penetrante con las características al parecer de la goma de opio", hallaron tambos con un líquido negro y diversos objetos. En este hecho estuvieron involucrados Guerreros Unidos.

Imputaciones. El 31 de mayo de 2013, la Fiscalía de Guerrero inició la averiguación previa HID/SC/01/0758/2013 contra Abarca y su esposa, por el homicidio de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román, de la Unión Popular de Iguala.

La indagatoria fue remitida el 18 de marzo de 2014 a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que la atrajo por el delito de secuestro. En ella, un testigo afirmó que Abarca mató a Hernández Cardona.

jram

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