Guerrero El coordinador de la Policía Comunitaria Indígena que opera en la Montaña de Guerrero, Pablo Guzmán Hernández, solicitó al gobierno estatal que entregue armamento, municiones y equipo pactado desde mayo, para estar en condiciones de repeler a los grupos del crimen organizado ante el temor de amenazas.
En mayo pasado, los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se reunieron con el gobernador Ángel Aguirre Rivero para darle a conocer las necesidades con las que operan actualmente, de manera inicial le plantearon la necesidad de que se les asigne un presupuesto para poder atender cuestiones índole cotidiano.
"Necesitamos armamento, porque el que tenemos actualmente es muy rústico, es armamento que no está a la altura de las exigencias del ambiente de extrema violencia que se tiene en el país, con la existencia de grupos de delincuentes organizados que ahora proliferan", indicó.
Policía Comunitaria y crimen organizado
La comunitaria no escapa al acecho de grupos del crimen organizado, en noviembre de 2011 detuvieron a cinco personas con posesión de 32 paquetes de mariguana, lo que provocó una escalada de amenazas en contra de sus integrantes.
Los cinco presuntos narcotraficantes fueron enjuiciados en una asamblea comunitaria que decidió someterlos a un proceso de reeducación, además de que ante los ojos de una multitud de ciudadanos, así como funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (Ssp) estatal destruyeron la droga decomisada.
Los presuntos narcos están sujetos a reeducación y las amenazas hacia los representantes de la Crac son constantes, por eso es que en mayo pasado solicitaron la entrega de por lo menos 200 rifles AR-15, con la intención de inhibir cualquier intento de agresión.
16 años de Policía Comunitaria
Guzmán Hernández recordó que en octubre pasado la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) cumplió 16 años de su creación, por lo que ya suma 700 elementos que vigilan más de 72 comunidades en 12 municipios de la Montaña y Costa Chica.
Su área de influencia es extensa, agreste y pese a las limitaciones, registra un índice delictivo de apenas 5 por ciento.
Pablo Guzmán aclaró que la comunitaria no se dedica a combatir al crimen organizado en sus zonas de influencia, aunque los habitantes de las localidades en que operan sus grupos se comprometen a erradicar la siembra de enervantes y sancionar a los habitantes que persistan.
Cuando en forma fortuita se detiene a gente en posesión de droga circulando en la zona de influencia de la Crac, se le detiene y somete a un procedimiento en asamblea.
El representante insiste: "Nosotros tenemos muy claro que la persecución del narcotráfico es responsabilidad del Ejército Nacional, aunque en nuestras comunidades si exigimos que no haya nadie que se dedique a la siembra y menos al comercio de enervantes".
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