México.- Cuatro militares mexicanos de alto rango negaron hoy los cargos que se les imputan ante juez en un penal de máxima seguridad, donde fueron recluidos esta madrugada por sus presuntos nexos con el crimen organizado, informaron fuentes judiciales.
Se trata de los generales de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia, el general brigadier Roberto Dawe y el teniente coronel en retiro Silvio Hernández, quienes ayer recibieron órdenes de captura como probables responsables de "delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud (narcotráfico)".
Los cuatro estaban sujetos desde mayo a arraigo (detención preventiva) como parte de las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) sobre la presunta complicidad de los militares con la agrupación delictiva de los hermanos Beltrán Leyva, hoy conocida como cartel del Pacífico Sur.
Fuentes judiciales indicaron a Efe que los cuatro rindieron declaración ante el juez tercero de distrito en procesos penales federales, Raúl Valerio Ramírez, en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Añadieron que todos negaron las acusaciones en su contra y solicitaron la ampliación, de 72 a 144 horas, del plazo legal que tiene el juez para determinar si inicia un juicio contra los sospechosos o si ordena su liberación, con el fin de presentar pruebas de descargo.
De acuerdo con las fuentes, Escorcia dijo que la declaración previa que había dado ante la PGR "es falsa y lo obligaron a firmar", por lo que emitió una nueva en la que negó todos los hechos que se le imputan.
La víspera también fueron emitidas órdenes de aprehensión en la misma causa contra el mayor Iván Reyna Muñoz, encarcelado el año pasado en el central estado de Querétaro bajo acusaciones de extorsión y uno de los testigos de la PGR contra Ángeles y Escorcia, y el general de brigada Rubén Pérez, internado ayer en otro penal federal.
Las fuentes dijeron a Efe que el mayor Reyna y el general Pérez no estuvieron presentes hoy en la diligencia en El Altiplano, "lo que no significa que no puedan ser presentados en las próximas horas" ante el juez.
El encarcelamiento de los militares arroja una sombra sobre el prestigio del Ejército, en especial por el rango de los implicados.
El general Ángeles Dauahare fue incluso subsecretario (viceministro) de Defensa. Cuando en 2008 se anunció la designación de Francisco Armando Meza Castro como subsecretario de Defensa, pero sin hacer alusión alguna a Ángeles Dauahare, la noticia generó suspicacias en medios mexicanos.
El hermetismo rodeó la remoción de Ángeles Dauahare, a quien se mencionaba como potencial secretario de Defensa y que al final dejó el cargo por la puerta de atrás.
"Aunque estos casos resultaran ciertos, lo cual no sabemos, la verdad es que comparados con los casos (de corrupción) de policías que aparecen todos los días, el Ejército sigue siendo de lejos una de las instituciones más limpias de este país", dijo hoy a Efe el especialista en seguridad Jorge Chabat. Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), consideró que el caso no parece tener tintes políticos y cree que pueda deberse a "conflictos internos en el Ejército".
"Dado el récord tan malo de consignaciones que ha tenido la administración de (el presidente Felipe) Calderón, no estaría mal que dieran más información por lo menos para evitar las especulaciones que se han generado de que puede ser un caso político, a lo que no le encuentro mucha lógica, menos después de la elección" del pasado 1 de julio, expuso.
Indicó que el hecho de que el caso esté progresando debe ser considerado como algo "normal", que pasa "en todas partes del mundo" y que da idea "del tamaño y poder del enemigo", en este caso, los grupos del crimen organizado mexicanos.
A su vez, Pablo Monsalvo, profesor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, estimó necesario centrarse en "la cosa formal, jurídica" del caso penal y a partir de ahí ver si se demuestra que las pruebas y acusaciones del Ministerio Público (Fiscalía) "tienen fondo".
Monsalvo cuestionó a Calderón por haber declarado una "guerra" contra la delincuencia en su país, ya que las guerras "las declara el Congreso", y tampoco encontró justificación para recurrir en ella a los militares.
"Utilizar al Ejército contra la delincuencia organizada es otro defecto jurídico. Y luego, encontrar que (…) todo el aparato de la Seguridad Pública está corrupto, porque todo el mundo lo sabe; no está más que confirmando que el sistema jurídico-cultural-social nuestro deja mucho que desear", acotó.
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