Caracas, 26 Sep. AVN.- Atribuirle al crimen organizado la responsabilidad de las amenazas, agresiones y asesinatos de periodistas en México ha sido un punto clave del discurso oficial del Partido Acción Nacional (PAN) durante su década de gobierno.
Durante los dos sexenios consecutivos del PAN fueron asesinados 122 periodistas; se registraron 138 amenazas; se cometieron 324 agresiones físicas contra trabajadores de la prensa y otras 196 contra medios.
En 2009, durante la presentación del Informe Anual de Actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el presidente Felipe Calderón declaró que "la principal amenaza del pleno ejercicio de la libertad de expresión, proviene, precisamente, del crimen organizado".
"Quienes someten, secuestran, levantan y, finalmente, asesinan, por desgracia, a los periodistas, son criminales sin escrúpulos, que se sienten, precisamente, dueños de la sociedad y que no toleran ningún señalamiento y ninguna crítica. Son los criminales, con sus acciones violentas, los que ahora censuran, los que ahora amenazan, los que ahora limitan la labor de los comunicadores", sentenció.
Los datos recogidos por la organización Article 19 contradicen la aseveración del jefe de Estado: desde que Calderón diera esta declaración hasta el año pasado, en 53,4% de las agresiones registradas contra trabajadores de la prensa estuvieron vinculados integrantes de las fuerzas de seguridad públicas.
"Esto significa que uno de cada dos actos de intimidación o ataques contra la prensa fue responsabilidad de un agente del Estado, lo cual contrasta con el 13,6% de las agresiones atribuibles a integrantes de la delincuencia organizada", explica el informe titulado Silencio forzado: El estado, cómplice de la violencia contra la prensa en México.
En su último informe de gestión, a principios de septiembre, Calderón despachó sus seis años de gobierno y la impunidad ante los crímenes contra la prensa en la frase: "Otro gran pendiente (...) es garantizar la protección efectiva de periodistas y otras personas con especial riesgo frente a la violencia criminal".
"Hemos respetado, sin cortapisa, la libertad de expresión y de crítica", declaró sin hacer mención a la participación de funcionarios federales y municipales en las agresiones registradas contra el gremio.
Antes de que Vicente Fox terminara su mandato se creó la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP); seis años después solo se había emitido exitosamente una condena.
En 2010, Calderón anuncia la reestructuración del organismo que se pasa a llamar Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Sin embargo, el financiamiento a la dependencia disminuyó en 72.36% pese al repunte de las denuncias de 161 a 181 casos.
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