Candidaturas impuestas por el narco, aspirantes vetados por el crimen, "observadores electorales" desplegados por los cárteles… al menos 20 municipios de Chihuahua han padecido la política al son de la delincuencia organizada. El cártel de Sinaloa y Los Zetas parecen haber controlado el pulso de los comicios. En este contexto, el gobierno de César Duarte (PRI) no ha sido un factor que atempere la crisis: se multiplican las acusaciones de prácticas clientelares
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El crimen organizado amenaza estas elecciones. Al menos 20 municipios de Chihuahua lo han padecido.
El Cártel de Sinaloa y el de Los Zetas (coludido con La Línea en algunas zonas de la entidad) se han entrometido violentamente en la voluntad de la ciudadanía, a la que exigen que vote a favor o en contra de determinados candidatos.
El pasado 11 de junio los narcos asesinaron al candidato a la alcaldía de Guadalupe y Calvo por el PRI, Jaime Orozco Madrigal; y el PAN no logró registrar candidatos en dos municipios —Gómez Farías y Mahuarichi— por amenazas a quienes lo intentaron.
El presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Fernando Herrera Martínez, informó que siete candidatos han pedido seguridad a la Fiscalía General del Estado, en los municipios de Chihuahua, Meoqui, Aquiles Serdán y Huejotitán.
Opciones mínimas
En las elecciones intermedias —que se celebran este domingo 7 de julio— la ciudadanía tiene pocas opciones. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobierna el estado, logró aliarse con todos los partidos, menos con el Partido Acción Nacional (PAN).
El PRI registró coaliciones con Nueva Alianza (Panal), Verde Ecologista (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), mientras que con el PRD conformó siete candidaturas comunes.
En el caso del partido Movimiento Ciudadano (MC), el PRI no registró alianzas, pero el dirigente estatal de MC, Fernando Reyes Ramírez, es yerno del actual secretario de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado, quien, a su vez, es primer candidato en la lista plurinominal de ese partido.
Chihuahua elegirá a 67 alcaldes y renovará 33 diputaciones locales —22 de mayoría directa.
Dirigentes de la oposición, del PAN y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, grupo que busca ser partido político, afín a Andrés Manuel López Obrador) dan cuenta de una serie de irregularidades que han enfrentado durante el proceso.
El riesgo principal son las amenazas de "fuerzas oscuras" y el control de los grupos delictivos en algunas regiones, donde las autoridades han sido rebasadas. El sojuzgamiento criminal ocurre, afirman, aun cuando el gobierno del estado presume —en inserciones pagadas— que ha logrado bajar los índices delictivos.
De acuerdo con el dirigente del PAN, Mario Vázquez Robles, los municipios en crisis por violencia electoral son Balleza, Madera, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Mahuarichi, Uruachi, Carichí, Guerrero y Urique (en la Sierra Tarahumara); Namiquipa, Bachíniva, Gómez Farías (al noroeste) y Meoqui (zona centro sur).
El líder estatal de Morena, Víctor Quintana Silveyra, coincide y agrega: también sufren ese flagelo Bocoyna, Temósachi, Chínipas, Guazapares, Huejotitán, Morelos, Guerrero (en la sierra); Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis Guerrero (en el Valle de Juárez), y Gran Morelos y Cuauhtémoc (al occidente).
Para Quintana, los grupos que amenazan no necesariamente tienen partido, "pero lo increíble es que las autoridades no toman cartas en el asunto".
Quintana asegura que el problema se potencia porque el gobierno estatal actual, en manos del PRI, no quiere admitir en su dimensión el problema.
"La gente acude a votar bajo presión a favor o en contra de determinados candidatos, o mejor no acuden, y menos si de alguna manera les sugieren por quién votar o por quién no. Esa situación desincentiva y afecta el proceso porque deja de ser participativo, ya no eligen ellos mismos a su autoridad más cercana, que es el ayuntamiento", detalla.
Víctor Quintana coincide en que los grupos delictivos inhiben el voto con sus amenazas, inhiben a candidatos y contribuyen a la compra de votos a costa de la pobreza de la gente, sobre todo en regiones serranas, donde es más difícil documentar los casos.
Con Quintana coinciden los sacerdotes Javier Ávila y el vicario de Carichí, Ignacio Becerra Trigueros.
A esa situación se agregan las personas que saben lo que ocurre, pero no denuncian por desconfianza hacia las autoridades.
Otra arista del problema es la participación del gobierno estatal a favor de los candidatos priistas, acusan.
Mario Vázquez dijo que los mismos trabajadores del gobierno estatal han sido amenazados con participar en las campañas políticas y para asistir a las ferias tradicionales de la capital, en las que se promueve a los aspirantes oficialistas. "Los obligan a comprar boletos que les descuentan por nómina", denunció.
El defensor de derechos humanos y párroco en Bocoyna, Javier El Pato Ávila, agrega: "Además, hacen movimientos suaves, a través de las instituciones, llega la autoridad para pedirles los datos de su credencial de elector o los corren, les piden el número de su credencial… Es necesario balconear esos hechos. Son unos cínicos pidiendo credenciales para dirigir el voto de los empleados".
Los focos rojos
1. Balleza
Balleza es la tierra de origen del gobernador del estado, César Horacio Duarte Jáquez. Está localizada en la sierra y está en crisis.
"Ahí no han entrado los candidatos a hacer campaña en la mayor parte del municipio. Nuestros representantes de casilla en San Carlos están solicitando seguridad. Nos han dicho: 'Necesitamos que nos aseguren nuestra integridad física previo a la elección, que nos trasladen y nos traigan el 7 de junio, y nos cuiden después de la elección'", comentó Vázquez Robles.
A pesar de que saben que es un municipio complicado para que lo gane el PAN —puesto que el aparato gubernamental se ha volcado en apoyo al candidato del PRI— saben que habrá votantes panistas que deben cuidar.
El candidato por el PAN es Mario Heberto Javalera. Su esposa, Arcelia, se enfrentó hace unos días con la presidenta del DIF estatal, Bertha Gómez de Duarte, cuando ésta hacía proselitismo a favor del PRI.
"En Balleza hay una situación que hemos comentado desde 2012: hay gente que amedrenta y está acostumbrada a ejercer temor", precisó Mario Vázquez.
Víctor Quintana dice que Balleza es uno de los municipios donde el crimen organizado ha logrado penetrar a la corporación policiaca y controla parte de la región.
2. Guadalupe y Calvo
El asesinato del candidato priista a la alcaldía de Guadalupe y Calvo, Jaime Orozco Madrigal, evidenció el grado de violencia con el que viven las comunidades en el municipio.
Los secuestros no cesan ni los asesinatos, e inclusive hay un subregistro importante sobre todo de personas desaparecidas, indican los pobladores.
El grupo que tiene controlada toda esa región, desde Guadalupe y Calvo —que se encuentra en el centro del Triángulo Dorado— hasta Urique, Uruachi, Guzapares, Morelos y Chínipas (colindantes con Sinaloa y Sonora) es el cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín El Chapo Guzmán.
"En lo general, yo creo que en Guadalupe y Calvo las campañas se allanaron. Los candidatos tienen temor y no es mucho lo que se va a hacer en la campaña política, supongo que ni en el caso del PRI, porque es la vida la que está en juego. Obvio nadie considera que un espacio político o una Presidencia municipal valga una vida", opina el dirigente estatal del PAN.
El candidato por el PRI, designado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) luego del homicidio de Orozco, es Leopoldo Edel Medina. Se selección desató el enojo de militantes priistas, que mediante redes sociales se quejaron por no haber sido consultados.
Hasta ahora no han encontrado a los asesinos del excandidato, aun cuando hay un despliegue anunciado por el gobernador, el Ejército y la Marina.
Son muchos los ciudadanos exiliados de Guadalupe y Calvo. Se han ido principalmente a Estados Unidos, y desde allá lanzan llamadas y alertas para ayudar a sus familiares y compatriotas, ante los frecuentes ataques del crimen organizado.
3. Huejotitán
El candidato por el PRI a la alcaldía de Huejotitán, Jesús Chávez, pidió apoyo al IEE para que le consiguiera seguridad por parte de la Fiscalía. Recibió amenazas telefónicas.
4. Urique
Este municipio está controlado de manera evidente por el crimen organizado. Hace aproximadamente dos meses desaparecieron por lo menos 10 mineros, y éste fue sólo el último caso de una serie de desapariciones, extorsiones, secuestros y asesinatos.
Caminar por Urique es como ir por un campo minado. Hombres jóvenes y adolescentes portan armas largas y uniformes tácticos sin pudor. Por calles principales, caminos y carreteras muestran su poder y evidencian la ausencia de autoridad.
Ese municipio es un foco rojo para el PAN y así lo admite Víctor Quintana.
El PAN le apostó a una mujer como candidata a la alcaldía: Flora Ayala. "Creemos que por su condición de dama quizá le permita un poco más de libertad en un municipio que representa un riesgo histórico", explicó Mario Vázquez.
Reconoció que siempre hay halconeo (vigilancia por parte de los narcos) en todos los pueblos y narcoretenes. "En esos municipios siempre hay gente vigilando, hasta ahora no ha habido amenazas directas, pero el riesgo siempre está".
El dirigente blanquiazul recordó que, en febrero pasado, en Urique apareció muerto el presidente municipal, Leobardo Díaz Estrada. "No sabemos si fue un accidente o no, queda esa duda".
5. Uruachi
En Jimcaórachi y en la misma cabecera municipal de Uruachi han ingresado comandos armados para tomar los poblados, lo que ha dejado claro a los habitantes que ya no pueden vivir con la misma tranquilidad de antes.
Hasta ahora, los candidatos han podido hacer campaña, dijo Mario Vázquez, aunque también hay riesgo y han tomado sus precauciones. Uruachi es un municipio gobernado por el PAN.
6. Morelos, Guazapares y Chínipas
Víctor Quintana mencionó los municipios de Morelos, Guazapares y Chínipas son regiones donde campea el narcotráfico.
Ahí ha habido enfrentamientos que no trascienden. Sin embargo y de acuerdo con los propios habitantes, el cártel de Sinaloa ha logrado mantener el control
7. Maguarichi
Maguarichi se encuentra en la misma situación que los anteriores, sólo que en este proceso electoral el PAN no pudo registrar candidato, porque quien se perfilaba les advirtió que corría riesgo y desistió.
Luego intentaron con otra persona pero sucedió lo mismo, así que decidieron no seguir arriesgando gente.
8. Guachochi
El presidente municipal de Guachochi, Andrés Balleza Carreón, ha reconocido que dirige una de las regiones con mayor violencia en el mundo.
Hace 23 días inició un ayuno prolongado —no come pero sigue trabajando— con el fin de inhibir la compraventa de votos. Acusa que el PRI usa a los indígenas: los encierra para "soltarlos" el día de las elecciones, condicionados a votar por el tricolor.
"Ya empiezan a notarse bodegas con despensas. El riesgo es que se caliente el ambiente y que haya enfrentamientos", dijo Mario Vázquez.
Balleza Carreón indicó: "Hasta ahora se sabe de irregularidades que los muchachos han visto. Yo no me puedo meter en el proceso, mi intención es tener ascendencia moral para cuando exhiban, en su momento, el carrusel (grupos de votantes que van de casilla en casilla, votando una y otra vez) y todas las otras prácticas que efectúan tradicionalmente".
Informó que el 24 de mayo en Tónachi hubo una concentración indígena organizada por el candidato del PRI. Se ofrecía dinero y se les presionaba. Los panistas recibieron "el pitazo" sobre el evento, donde se encontraban los candidatos priistas a la alcaldía José Leobardo Acosta Aguirre y a la diputación, Mayra Díaz Guerra.
Los candidatos por el PAN en Guachochi son Jesús Omero Hernández García para la alcaldía y la exgobernadora indígena María Marcelina Bustillos.
9. Bocoyna
La semana anterior hubo un enfrentamiento en San Juanito, municipio de Bocoyna, en el que la Policía Estatal Única abatió a cinco delincuentes y aprehendió a tres, incluido el coordinador de la Policía Municipal de la sección de San Juanito.
Desde ese día, la población ha tomado más precauciones, ya que una semana antes asesinaron a un reconocido hotelero del mismo pueblo. Aunque los retenes y hechos delictivos son constantes, en el pueblo de San Juanito no habían vivido un enfrentamiento de esa magnitud.
El sacerdote Javier Ávila dijo que cualquier muerte es lamentable. Reconoció que por lo menos un grupo pequeño de policías, "sólo ese grupo", haya tenido voluntad para sacar adelante el conflicto.
"Pero es una parte solamente, aquí en el municipio fue la primera masacre de todo el país hace cinco años, en Creel, y hasta ahora no ha habido justicia. Sí, ya era hora de que hicieran algo, por lo menos algo, pero falta mucho".
10. Carichí
Para el PAN y para Morena, que no contiende en la elección pero se mantiene como observador, Carichí es otro municipio con riesgo.
El sacerdote Ignacio Becerra explicó que la situación de hambre en las comunidades indígenas la han aprovechado el candidato por el PRI y PRD, Cipriano Enríquez Chávez, para "apoyar" a los indígenas en sus fiestas religiosas aun fuera de fechas tradicionales, con comidas que pronto les cobrarán con sus votos.
"Les proponen (los políticos) hacer una fiesta y la gente cede. Esto sucedió en Chineachi", explicó.
En Carichí, el gobierno municipal es del PRD, y hay tres candidatos para contender por la alcaldía el próximo 7 de julio: el del PAN, uno del PVEM y el tercero es impulsado por el PRI, PRD y Panal.
En ese municipio, específicamente en Baquiachi, se han registrado brotes de violencia, derivados de la lucha por las tierras que mantienen indígenas contra ejidatarios, a quienes acusan de usurpación.
El sacerdote Ignacio Becerra dijo que, hace unos días, el hijo de Jesús María Sandoval (uno de los ejidatarios) estuvo disparando al aire durante una reunión para intimidar a la comunidad, luego de que los indígenas de Baquiachi ganaran una serie de juicios.
11. Madera
En Madera fusilaron a cuatro hombres afuera de su domicilio, el miércoles pasado. Igual que en otros municipios serranos, hay personas desaparecidas y hechos delictivos que no se dan a conocer. La lucha por la plaza la sostiene La Línea y el cártel de Sinaloa.
Para el PAN representa un foco rojo, pero ha podido hacer campaña.
12. Temósachi y Matachí
Víctor Quintana recordó que, hace una semana, once jóvenes fueron secuestrados en Temósachi y Matachí. Aún no los encuentran.
En aquella región serrana es común que el narco reclute a la fuerza o por su voluntad a jóvenes y adolescentes, por la falta de oportunidades que aún hay.
13. Guerrero
"En Guerrero, en días pasados, hubo algo de riesgo, pero ya se ha tranquilizado. Había rumores de que algún candidato podría ser liquidado", informó Mario Vázquez.
Junto con Cuauhtémoc, es uno de los municipios que tiene mayor número de personas desaparecidas a partir de 2001.
14. Bachíniva y Namiquipa
"En Bachíniva traemos buena campaña, pero en un principio hubo algo de dificultades para configurar una candidatura sólida, aunque finalmente se logró", dijo Vázquez.
Víctor Quintana la señala como otra zona donde la policía está controlada por el crimen organizado, además de Namiquipa y otros municipios de la región noroeste del estado que El Barzón ha denunciado en diferentes ocasiones.
El riesgo porque aún no está controlada la inseguridad es Namiquipa. En municipios como Buenaventura y Ahumada, donde también ha habido alto índice de violencia y se registra una lucha frontal de los barzonistas por la lucha por el agua y en contra de una minera lograron coincidir en un candidato ciudadano registrado por el PT, por lo que no representa tanto riesgo el proceso electoral.
"En esa región hay algo de presión desde hace ya algunos años, con gente que se identifica con algún grupo delictivo", reconoció Vázquez Robles.
15. Gómez Farías
En el proceso electoral 2010, el PAN registró al doctor Manuel Herrera como candidato a la alcaldía de Gómez Farías y, al final de la campaña, éste tuvo dificultades para realizar su campaña por amenazas. "Fue fuertemente hostigado por gente extraña, le decían que si ganaba era contra su vida, y los representantes de casillas indicaron que había riesgo para ellos", explica el dirigente del PAN.
Este año, Manuel Herrera es candidato del PRI y no ha tenido dificultad para hacer campaña, pero el PAN no pudo registrar candidato porque hubo amenazas contra quienes querían serlo.
16. Cuauhtémoc
En el municipio de Cuauhtémoc hay por lo menos 300 personas desaparecidas. El registro oficial está muy por debajo de la realidad, de acuerdo con organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
En ese municipio impidieron a candidatos panistas registrarse por la alcaldía, porque la Presidencia municipal —que estaba a cargo de Israel Beltrán Montes— les impidió obtener la carta de residencia, aun cuando quienes aspiraban habían vivido siempre en esa ciudad, como el caso de Humberto Pérez Mendoza, quien ha sido alcalde dos ocasiones.
Israel Beltrán Montes era senador con licencia cuando contendió por la alcaldía, y ahora es presidente municipal con licencia porque es candidato por una diputación del PRI. Además es el dueño de una de las principales estaciones de radio en la región, y junto con Aníbal Moreno —tambien priista y dueño de otra estación— fueron demandados por el PAN, por impedir espacio a sus candidatos.
La opacidad en las cifras de inseguridad y en política representan un riesgo para los candidatos, indican.
Cerca de Cuauhtémoc se ubica Gran Morelos, región (junto con Namiquipa y región noroeste), que está controlada por La Línea.
En Gran Morelos se han registrado enfrentamientos abiertos en plena vía pública y en horarios en los que la gente está fuera de sus casas.
Los secuestros y homicidios también están subregistrados, ya que es una zona de tránsito para los principales productores de droga. Su camino desemboca en el municipio de Sinaloa.
17. Meoqui
Aunque la violencia ha disminuido las últimas semanas en Meoqui, el riesgo de que detonen los hechos delictivos está presente, por el mismo ambiente de control de un grupo delictivo en la zona.
18. Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G. Guerrero
El Valle de Juárez está completamente vigilado por el cártel de Sinaloa. Para Víctor Quintana, en esa zona hay una constante vigilancia electoral. Hay "observadores electorales" del crimen viendo cómo se desarrolla el proceso, asegura.
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