Según reportes de funcionarios federales y estatales, miembros del crimen organizado han impedido que brigadistas y voluntarios realicen sus labores en las zonas de desastre (y no, entre ellos no está Laura Bozzo).
Guerrero no se ha podido recuperar de los desastres causados por los fenómenos meteorológicos «Ingrid» y «Manuel» (y ahora «Raymond»), y en un momento tan crítico para nuestros paisanos que viven en ese estado, cualquier ayuda es mínima y cualquier obstáculo es mayúsculo, porque significan vidas que ahora están en un estado de completa vulnerabilidad.
Pero, según Reforma, esto no ha tocado el corazón del crimen organizado, ya que han impedido la entrega de ayuda a las familias damnificadas.
El subsecretario de Protección Civil del Estado, Constantino González Vargas, admitió que en 122 comunidades de 22 municipios de la entidad, la ayuda no ha podido ser entregada.
Las comunidades a las que no les ha podido llegar la ayuda se ubican en Tierra Caliente y la región de La Montaña.
Gónzalez informó que el motivo por el cual la ayuda no ha llegado a esas comunicados no está relacionado ni con el clima ni con la inaccesibilidad de los caminos, aunque no quiso señalar directamente al crimen organizado como el principal impedimento.
A pesar de que el funcionario evadió el tema, Reforma se enteró por fuentes, tanto federales como estatales (las cuales pidieron anonimato), que en varias comunidades había grupos armados que impedían el paso de los brigadistas.
Es más, en una ocasión les fueron «decomisadas» las camionetas oficiales y los obligaron a regresar a pie. En otros casos, se les ha impedido el paso para repartir las despensas con el argumento de que los «pobladores» se encargarían de eso.
En decenas de comunidades no se ha podido, si quiera, hacer el censo de damnificados.
Algunas comunidades que sufren esto son: Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Teloloapan, Tlacoapa, San Luis Acatlán y Metlatónoc.
En Tierra Caliente, los fenómenos meteorológicos desbordaron el río Balsas y derrumbaron los dos principales puentes que conectan a las cabeceras municipales. Y pese a esta trágica situación, ni las ejecuciones ni los enfrentamientos han parado.
Por ejemplo, militares informaron que la noche del 18 de septiembre pasado, un comando de unos 30 hombres armados y quienes portaban uniformes tipo policía municipal, irrumpieron en la comunidad de Loma de Piedras y se llevaron por la fuerza a 14 personas.
También afirmaron que varios grupos criminales se han dedicado a robar víveres que llegan a comunidades del municipio (esto es como quitarle el pan de la boca al hambriento).
Además, entre julio y agosto de este año, más de 2 mil personas huyeron de diferentes comunidades por amenazas y ataques del crimen organizado.
El 17 de agosto, 5 personas fueron encontradas ejecutadas con más de 50 impactos de bala en Los Cajones, San Miguel Totolapan.
Es más, Ignacio de Jesús Valladares, edil de Teloloapan, apareció en un video en el que un comando del crimen organizado lo obligaba a poner a un Secretario de Seguridad afín a sus intereses.
Como ven, estas comunidades en vez de tener algún alivio, más bien las calamidades y las tragedias se les multiplican.
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