Pero el problema mayor es el que viene con la redefinición de la estrategia que hará el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por lo pronto, dos datos causaron inquietud en las fuerzas armadas:
1.
- La falta de un compromiso de los legisladores del PRI y del PAN con la reforma a la ley de seguridad nacional que le otorgaría mayor certeza jurídica a la intervención de los militares en el combate contra las bandas criminales armadas.
2.
- Y la inclusión del concepto de seguridad interior en las funciones de la nueva Secretaría de Gobernación, cuando en realidad se trata de una de las funciones torales de las fuerzas armadas en acciones dentro del país contra ataques que afectan desde dentro la seguridad nacional.
La evaluación sexenal de la estrategia del presidente Calderón se ha hecho desde en enfoque crítico y no analítico y a partir de las consecuencias y no de las causas.
Pero habría que preguntarles a los habitantes de las zonas dominadas por el crimen organizado y sus complicidades con las policías estatales y municipales y no pocas élites políticas, como el caso del diputado perredista defenestrado Julio César Godoy.
La reforma de la estrategia de seguridad se ha agotado en la reorganización de la Secretaría de Gobernación en funciones de Ministerio del Interior y paradójicamente se ha soslayado la urgencia de reformar la ley de seguridad nacional.
Un tema central radica en la adjudicación de responsabilidades en materia de seguridad interior.
El tema articula cuestiones centrales: la seguridad interior como parte de la doctrina de estabilidad social: de un lado, el combate a las amenazas y riesgos que afectan a la sociedad y de la otra un programa de desarrollo orientado al bienestar social.
El ejército no entró ilegalmente a la lucha contra el crimen organizado porque la Constitución faculta al ejecutivo federal a movilizar tropas ante amenazas a la seguridad interior.
De acuerdo con el Glosario de Términos del Colegio de Defensa Nacional, el concepto de seguridad interior es claro:
"(La) función del Estado, de velar por la seguridad y el orden interno manteniendo así el imperio de la Constitución y demás leyes que de ésta emanen, para generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la nación; obteniendo y controlando actos antisociales o contra el Estado, llevadas a cabo por personas o grupos transgresores de la ley, cuya actuación delictiva se encuentra previsto por las leyes del fuero común y federal".
Por tanto, la relación crimen organizado-sistema democrático es casi automática: la acción violenta del crimen organizado no es un mero acto ilegal sino que atenta contra el sistema democrático y el modo de vida de la sociedad.
El enfoque no es nuevo sino que viene de las primeras definiciones de democracia.
En el discurso de Pericles ante las viudas de la guerra del Peloponeso, como cuenta Tucídides, se establece el hecho de que la guerra contra Atenas buscaba destruir la democracia ateniense, la educación y el bienestar.
Así ocurre con la violencia ofensiva y de resistencia del crimen organizado que se llegó a apropiar de partes de la soberanía territorial del Estado.
La decisión del presidente Calderón de darle prioridad a la lucha contra el crimen organizado y de utilizar al ejército ante una clara violación de la seguridad interior fue motivada por la ruptura del acuerdo tradicional de los gobiernos priístas: el modelo de la línea divisoria; los criminales tenían prohibidas ciertas áreas territoriales y sobre todo corromper a funcionarios, aunque los últimos gobiernos priístas del ciclo tecnocrático descuidaron este modelo y permitieron la invasión del narco en las áreas de poder político y de gobierno.
La estrategia de Calderón debe medirse, por tanto, en la exhibición del tamaño del problema: políticos, funcionarios y policías fueron comprados por el narco y zonas territoriales completas cayeron bajo dominio del crimen organizado.
El dilema fue grave: dejar las cosas como estaban aunque con el peligro de que sin oposición institucional el crimen organizado aumentara su dominio sobre el sistema político o encarar duramente a los criminales; el saldo de muertos también puede medirse por el hecho de que el 95% son criminales asesinados entre sí en su lucha por el control de plazas territoriales.
La prensa crítica se centró sólo en demeritar la estrategia del Estado mexicano sin profundizar el análisis del tamaño del problema.
Lo que ha quedado pendiente ha sido la parte referente al papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado.
De no haber intervenido el ejército y la marina, el país hubiera quedado a merced de los cárteles.
El problema que dejó pendiente el gobierno de Calderón fue el de los mecanismos que permitieron la corrupción de policías, funcionarios y políticos por parte del narco; hoy, por ejemplo, se critica más al ejército por acciones que han golpeado duramente a los narcos que al PRD por el caso del diputado perredista Julio César Godoy.
En este contexto, la reforma de Peña Nieto al modelo de seguridad debe de incluir la reforma a la ley de seguridad nacional y la definición de cuando menos tres doctrinas que tienen que ver con la actuación del ejército: la doctrina de Defensa Nacional, la doctrina de Seguridad Nacional y la doctrina de Seguridad Interior.
No se trata de entregarle el poder al ejército sino de dotarlo de principios fundamentales para regular su actuación y de centrar el debate y la crítica en los delincuentes que sembraron de sangre el país y no el Estado que asumió su función primordial de defender a la sociedad de la delincuencia organizada.
Al final, el ejército paró en seco a los cárteles Y eso fue un gran logro.
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