Es urgente que el presidente electo Enrique Peña Nieto explique la estrategia que ejercerá en contra del crimen organizado, ante el riesgo que se pretenda dar trato de guerrilleros a los mafiosos, asentó el senador de la república e integrante de la Comisión de Justicia, Benjamín Robles Montoya.
Y es que con la integración que pretende de la Secretaría de Seguridad Pública en la de Gobernación, aprobada ya en la Cámara de Diputados Federal y enviada al Senado para su ratificación, dijo que hay un claro mensaje a los cárteles delictivos de darle un sesgo político a la lucha criminal.
"La confusión que habrá entre la tareas de política interior con las de seguridad pública podría ser una estrategia del Gobierno Federal entrante para pactar o sentarse a negociar con las familias y los jefes de los cárteles, que dirigen el crimen organizado en el país; lo cual evidentemente agravaría el tema de la inseguridad, el tráfico de drogas y el consumo de estupefacientes en territorio mexicano", alertó el legislador perredista.
Los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tienen especial preocupación en esta reforma a la estructura del Gobierno Federal porque también podría ser el inicio de una nueva guerra sucia, como la que ya vivió el país en la parte más oscura de los gobiernos priistas, y se pretenda criminalizar a los movimientos populares opositores al gobierno.
"Sería irresponsable de nuestra parte aprobar reformas que politicen el tema de la inseguridad, ya vimos el fracaso de la militarización en el combate al crimen organizado, le costó a los mexicanos más de 70 mil muertos en un sexenio; ahora no queremos ver a los criminales sentados con las autoridades pactando para continuar con sus actividades con el aval del gobierno; y una nueva persecución en contra de luchadores sociales", puntualizó Robles Montoya.
Para el congresista tiene que haber un amplio debate entre expertos en la materia, con representantes populares y sociedad civil para establecer una estrategia efectiva, que disminuya el número de víctimas inocentes y la violencia criminal.
"Tiene que haber una gran integración nacional entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender en conjunto este grave problema; pero también con gobiernos del exterior, productores y consumidores de drogas, y distribuidores de armas a los criminales, entre otros grandes temas", propuso el senador.
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