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El principal argumento de Ye Gon en su solicitud de amparo fue que, si es extraditado a México, podría ser juzgado dos veces por los mismos cargos de narcotráfico, ya que el gobierno de Estados Unidos también lo acusó de ese delito.
Sin embargo, hace dos años Estados Unidos decidió cancelar el proceso de narcotráfico por varias razones. Una de ellas, la dificultad para llevar a ese país los testigos necesarios para el juicio.
Además la corte señaló que "las acusaciones en México por lavado de dinero, delincuencia organizada, desvío de precursores químicos, narcotráfico y posesión de armas prohibidas no constituyen la misma ofensa que el cargo de conspiración fincado en Estados Unidos".
En enero pasado, el juez James C. Turk concedió al empresario chino una suspensión para no ser entregado a México y permitir el trámite de su apelación.
No obstante el Departamento de Justicia se opuso a retrasar la entrega del empresario, y consideró que mantenerlo en Estados Unidos causaba "daño a intereses nacionales significativos".
En esta ocasión, la corte de apelaciones señaló que será el Departamento de Estado el que determine la extradición y los cargos por los que pueda ser procesado Ye Gon en México, debido a que en Estados Unidos fueron desechados los delitos desde 2009 y sólo quedó el de conspiración para elaborar drogas.
De acuerdo con la legislación de Estados Unidos, el empresario puede pedir un amparo en contra de la extradición a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos o solicitar una revisión de su caso al Cuarto Circuito donde es llevado su caso.
En 2006, la PGR decomisó cerca de 20 toneladas de pseudoefedrina en el Puerto de Lázaro Cárdenas y durante la investigación se vinculó ésta con el aseguramiento de 205 millones de dólares, en efectivo, en la casa de Ye Gon, ubicada en las Lomas de Chapultepec, en la ciudad de México.
El 23 de julio de 2007 agentes de la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA) arrestaron a Ye Gon en un suburbio de la capital estadunidense. El empresario chino huyó de México luego de que las autoridades del país realizaron el millonario decomiso.
El dinero pasó al erario público por abandono y fue repartido entre la Secretaría de Salud, el Poder Judicial y la PGR.
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