Un juez mexicano formalizó la aprehensión de seis militares de alto rango como sospechosos de delitos de delincuencia organizada y narcotráfico, informó hoy la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía).
La PGR indicó que un juez penal con sede en Toluca, central estado de México, libró órdenes de captura contra los generales de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, el general brigadier Roberto Dawe González y el teniente coronel en retiro Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
Las órdenes fueron emitidas contra los cuatro militares, quienes se encontraban sujetos a la medida cautelar de arraigo (detención provisional) como probables responsables de "delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud", apuntó la PGR en un comunicado.
Los cuatro oficiales habían sido detenidos en mayo pasado por la Fiscalía castrense por solicitud de la PGR, que los vincula a organizaciones del crimen organizado.
El juez de Toluca también emitió una orden de aprehensión contra el mayor Iván Reyna Muñoz, encarcelado el año pasado bajo acusaciones de extorsión y uno de los testigos de la PGR contra los generales Ángeles y Escorcia.
Por su parte, el general de brigada Rubén Pérez Ramírez recibió orden de captura por la presunta comisión de delitos contra la salud en la modalidad de "colaborar para posibilitar la ejecución de crímenes de esa naturaleza".
Con estas órdenes, el juez consideró que existen elementos suficientes para considerar que los sospechosos cometieron los delitos que se les atribuyen y deben ser recluidos, aunque ello no significa aún el inicio de un juicio penal.
Otros individuos incluidos en las órdenes emitidas por el juez son Edgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie", y Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio", detenidos en 2010 y quienes se desempeñaron como importantes operadores del cartel de los Beltrán Leyva, hoy Pacífico Sur.
La PGR aseveró en el comunicado que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) "realizó las diligencias necesarias para el desarrollo de esta investigación con pleno respeto a los derechos procesales y humanos" de los acusados.
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