La Cámara de Diputados envió al Senado una minuta para su eventual aprobación, a fin de implementar políticas de protección a menores que padecen reclutamiento forzado por la delincuencia organizada.
El dictamen de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes advierte la necesidad de adecuar el marco vigente, pues estima que entre 30 mil y 50 mil menores podrían estar involucrados en la delincuencia.
Señala que niñas y niños de entre nueve y 17 años son explotados por los grupos criminales de diversas formas y están involucrados en unos 22 tipos de delitos que van desde el tráfico de droga, hasta secuestro, trata, extorsiones, contrabando y piratería.
El documento, avalado por el pleno de San Lázaro, afirma que los cárteles han incorporado a niños en operativos armados "con esquemas militares y paramilitares" para controlar territorios.
Cita cifras de la organización Cauce Ciudadano que indican que habría al menos 24 mil menores y adolescentes incorporados de diferentes maneras en agrupaciones como el cártel de Sinaloa, Los Zetas y La Familia Michoacana.
Sobre los delitos en que se involucra a los menores de edad, el documento enviado por el pleno de San Lázaro al Senado detalla que a partir de los nueve o 10 años, los niños y las niñas se involucran en la trata de personas.
A partir de los 12 años se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y controlar que no se escapen las víctimas de los secuestros y los más grandes, a partir de los 16 años, trabajan en ejercicios más violentos, como los secuestros, asesinatos, "y todos portan armas".
Agrega que según las estadísticas de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, el empleo de menores de edad en labores de vigilancia, monitoreo, custodia y sicariato "ha sido una práctica sistemática y progresiva durante los últimos años".
Hace notar que mientras en 2006 sólo se tomó conocimiento de un caso, esta cifra pasó a 20 en 2007; luego a 21 en 2008; a 25 para 2009; a 29 ya en 2010 y entre enero y octubre de 2011, la PGR contabilizó 46 menores laborando para cárteles de las drogas.
Se ha detectado a niños trabajando para el crimen organizado en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Hace notar que un problema es que en la actualidad existan muchos jóvenes dentro de los grupos criminales, aun sicarios, que pueden desear salir de las bandas, pero que no pueden hacerlo porque los delincuentes recaban información sobre la persona y sobre su familia, "contra quienes pesa una amenaza real hacia su vida en caso de deserción".
En la argumentación se hace notar que el artículo 4 de la Constitución precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
"Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
"Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez".
Agrega que los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, que elaboró el dictamen ante la iniciativa del diputado Ricardo Monreal, coinciden en que es necesario adecuar el marco vigente en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de emparejarlo a los instrumentos y convenios internacionales que el país ha suscrito y ratificado.
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