CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre.- La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecieron pláticas para analizar las posibilidades de que dinero y bienes asegurados a la delincuencia sean utilizados en la implementación del nuevo sistema de justicia en todo el país.
Al existir grandes rezagos en la puesta en marcha del sistema acusatorio penal en prácticamente la totalidad del país, debido a que sólo tres entidades tienen vigente el modelo de justicia aprobado en 2008 (Morelos, Estado de México y Chihuahua), se decidió examinar diversas fuentes de "financiamiento externo" que ayuden a cumplir con lo ordenado en la Constitución en cuanto a que "sin prórroga alguna" en junio del año 2016 el nuevo modelo de justicia deberá ser una realidad y estar operando en todo el territorio nacional.
De acuerdo con María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), los acercamientos con la Secretaría de Hacienda se han entablado directamente con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para encontrar las alternativas que pudieran ejecutarse para obtener recursos e inyectarlos a los estados con mayor rezago en la reforma.
La funcionaria reconoció también que el SAE no es la única fuente de financiamiento externo que se analiza actualmente, pues también se sostienen acercamientos similares con la misma finalidad con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el programa de Iniciativa Mérida.
"También el gobierno federal ha direccionado que, parte de lo que va a ser la Iniciativa Mérida, los recursos que se puedan recibir, puedan bajar también recursos para este proyecto nacional", dijo.
"Asimismo, estamos analizando algunos fondos con Banobras que pudieran apoyar la implementación o en su caso, incluso estamos sentados con el SAE para que pudiéramos analizar si hay alguna manera de canalizar recursos procedentes de decomisos o abandonos que puedan ser utilizados para este fin", agregó en entrevista con Grupo Imagen Multimedia.
Informó que la Federación y los estados del país trabajan en la elaboración de un proyecto de presupuesto que permita dimensionar la magnitud de los recursos que hacen falta "de aquí a 2016 para crear la infraestructura y contar con la tecnología que demanda la puesta en marcha del sistema oral, de las nuevas capacidades de investigación de la policía y de la protección eficiente de las evidencias".
Fromow Rangel admitió que estimaciones indican que las sumas van de los 35 mil millones de pesos a los 60 mil millones o incluso hasta los 200 mil millones, dependiendo del escenario que se trate.
Estas cifras confió en obtenerlas pronto para poder proyectar los recursos del presupuesto de los próximos dos años.
Aún cuando reconoció que existen algunas reticencias en la aplicación de la reforma, sentenció que "no habrá prórroga" para implementarla porque el actual presidente Enrique Peña Nieto, logró hacerla realidad cuando fue gobernador del Estado de México.
"Sí hay personas que durante mucho tiempo apostaron a que este sistema se iba a quedar como un paso simplemente y que no iba a hacerse efectivo en 2016, pero lo cierto es que tenemos un Presidente que lo hizo realidad en su estado y que ese compromiso ahora lo tiene a nivel nacional", expresó.
Consideró que la sociedad debe preparase para el cambio cultural que implica el nuevo modelo de justicia porque con el cambio en las leyes ahora "no queremos que la gente se vaya a la cárcel, sino que haya una reparación del daño, que pueda haber una mediación o una conciliación en aquellos delitos que así lo vaya a establecer el Código Único de Procedimientos Penales".
El 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación se publicó una reforma a diez artículos constitucionales para implementar un sistema penal acusatorio adversarial, con tendencia a establecer juicios orales.
Se estableció un plazo de ocho años, que termina en 2016, para que la Federación, estados de la República y el Distrito Federal realicen las modificaciones legales para la implementación del sistema penal acusatorio.
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