En lo que pudiera ser la primera gran estocada contra Joaquín el Chapo Guzmán en el juicio que enfrentará contra Estados Unidos, la DEA incluyó a uno de sus hijos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, entre los 10 narcotraficantes más buscados del planeta.
"Es un poco raro esa lista (de los más buscados), sobre todo si se considera que hay muchos otros narcos que son considerados más peligrosos que el hijo del Chapo, aunque es claro que aún cuando (Guzmán Loera) se declare culpable, el hijo seguirá siendo requerido por el gobierno de Estados Unidos", opinó Keegan Hamilton, un periodista estadounidense que tiene años investigando vida y juicio contra el capo.
En 2015, una corte federal del Distrito Norte de Illinois giró una orden de aprensión en contra de Guzmán Salazar, también conocido como Alfredillo, a quien acusa de ser uno de los principales operadores de la facción que lideraba su padre, y lo acusó de narcotráfico, lavado de dinero, y distribución de enervantes.
En ese mismo expediente, el 1:09-cr-00383-14, presentado en 2014, también se incluye al Chapo e Ismael el Mayo Zambada, además de Heriberto Zazueta Godoy, Guadalupe Fernández Valencia, Víctor Manuel Félix Beltrán, y los hermanos Pedro y Margarito Flores, que fueron los primeros capos en cooperar con la DEA para el posterior arresto de Guzmán Loera.
El resto del expediente sin embargo, aparece en calidad de "clasificado", y sólo puede precisarse que está radicado en el cuarto 383, donde juzga Rubén Castillo, la misma corte que llevó el caso contra Vicente Zambada Niebla el Vicentillo.
La página de la DEA precisa que Guzmán Salazar es peligroso y que pudiera estar armado, y recomienda no intentar arrestarlo, y en cambio proporciona un número y correo electrónico, sugiriendo una recompensa por información que ayude a su localización y eventual captura.
Y mientras el Departamento de Justicia empieza a ejercer presión por la parte familiar, la corte del Distrito Este de Nueva York también hizo su parte, pues tras incluir la DEA al hijo del Chapo entre sus objetivos "más buscados", el juez Brian Cogan aprobó una moción para que los fiscales del caso adquirieran y presentaran durante el juicio unas grabaciones hechas con un software conocido como FlexiSpy, en donde podría escucharse a Guzmán Loera dando instrucciones relacionada con su negocio de tráfico de drogas.
La defensa sin embargo argumentó que tener acceso a esas grabaciones sería violar la Cuarta Enmienda constitucional que habla sobre el derecho a la privacidad, pero el juez Cogan negó el argumento de Balarezo, y dijo a los fiscales que podían solicitar esa evidencia "donde estuviera".
"La Cuarta Enmienda establece el derecho de las personas a estar seguros en sus personas, casas, documentos y efectos, contra registros y confiscaciones irrazonables, y aquí se haría lo contrario pues ya no se estaría salvaguardando la privacidad y seguridad de las personas contra invasiones arbitrarias por parte de funcionarios gubernamentales", expone el documento, presentado ante el juez Cogan. Eduardo Balarezo prefirió no comentar al respecto, aunque es claro que no estuvo de acuerdo con esta negativa, aunque dijo que no opinaría, como tampoco opinó sobre el que incluyeran a uno de los hijos de su defendido entre los más buscados por la DEA.
Por lo pronto, los fiscales preparan toda la evidencia posible para lo que podría ser una batalla sin precedente en una corte de Estados Unidos, y se desconoce que tipo de información podría saltar a la luz pública.
El juicio, programado para el próximo 5 de noviembre, incluye grabaciones telefónicas y de video, que serían utilizadas en contra de Guzmán Loera, además de fotos y evidencia física, aunque las cartas fuertes que tienen los fiscales de Estados Unidos es un grupo de testigos protegidos que testificarán en contra del Chapo, y entre quienes se cree pudieran figurar algunos de sus antiguos colaboradores, incluyendo Dámaso López Núñez el Licenciado, y antiguos líderes del cártel del Valle del Norte.
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