Una ley que estipula la creación de un fondo para indemnizar a las víctimas del crimen organizado en México, fue aprobada este lunes por el Congreso de ese país norteamericano.
En una sesión en la que integrantes de organizaciones civiles gritaban consignas como "ni un muerto más", la cámara de Diputados refrendó con 369 votos la iniciativa, que ya había sido aprobada por el Senado el pasado 26 de abril.
Un comunicado de prensa emitido por la Cámara Baja señaló que la legislación "establece la reparación del daño por parte del Estado a todas las personas que han sido agraviadas por la comisión de un delito", así como también de las que "han sido conculcadas en sus derechos fundamentales".
Tras la votación, el presidente de la Comisión de Justicia de la cámara de Diputados, Humberto Benítez Treviño, indicó que se creará un fondo inicial de 270 millones de pesos (20,5 millones de dólares) de reparación para las víctimas, que según el legislador alcanzan las 70 mil personas.
El diputado indicó también que con esta ley se creará una registro nacional de víctimas, que según cifras extraoficiales alcanzan están involucradas con 50 mil muertos, así como miles de desaparecidos, secuestrados y lesionados.
Protección a periodistas
Además de la nueva Ley de Víctimas, la Cámara de Diputados mexicana también aprobó este lunes una legislación que prevé medidas urgentes de protección para los defensores de derechos humanos y periodistas, que ejercen en México su labor en condiciones de gran riesgo.
La normativa fue avalada por 338 diputados presentes en la en la última sesión del actual periodo legislativo, que se llevó a cabo sólo dos días después del asesinato de la reportera Regina Martínez el sábado.
Según esta Ley, los tres niveles de Gobierno están obligados a establecer medidas de prevención y protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y activistas de derechos humanos que estén en "situación de riesgo" y cuando reciban amenazas.
En ambos casos, el Gobierno deberá ofrecer protección a sus familias y adoptar medidas de seguridad en sus centros de trabajo, agrega la ley.
Durante la discusión de las iniciativas, los legisladores coincidieron en que el incremento de la violencia ha convertido a México en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos.
Tras aprobar las legislaciones, las normativas serán enviadas al Ejecutivo para su entrada en vigor en los próximos días.
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