viernes, 18 de mayo de 2012

Ejecutan en Tulum a abogado de terratenientes de la Riviera Maya - Milenio.com

Cancún • Desconocidos ejecutaron esta mañana a tiros a un abogado del Distrito Federal que representaba a propietarios legítimos e ilegales de la zona de punta Piedra, la más extensa y codiciada de la Riviera Maya, en donde políticos y personajes poderosos mantienen litigios desde hace 20 años.

El abogado Álvaro López Joel, de 52 años de edad, originario del Distrito Federal, presentó amparos y se opuso decididamente a la ejecución de un acuerdo del Juez primero civil para el desalojo de cinco pequeños hoteles establecidos ilegalmente en esa franja en noviembre del año pasado.

La policía informó que el abogado recibió dos balazos de nueve milímetros que disparó un desconocido que irrumpió en el despacho de López Joel, este jueves antes de mediodía.

El desconocido encañonó a dos personas que estaban dentro de la oficina, en la avenida Satélite, esquina con Centauro, en la ciudad de Tulum, abrió la puerta y disparó contra el abogado.

De acuerdo con versiones de la policía y vecinos de Tulum, la ejecución del abogado está relacionada con una serie de violentos desalojos de predios invadidos, con gente armada y golpeadores a sueldo registradas los últimos meses.

En punta Piedra desde los años noventa se registran conflictos por la escrituración irregular de la mayor parte de valiosos predios, en mayoría presuntamente vendidos por ejidatarios de José María Pino Suárez.

El desalojo más sonado se registró el dos de noviembre del año pasado, cuando por orden del juez primero civil, la policía desalojó a empleados y huéspedes de cinco modestos hoteles establecidos ilegalmente.

Los hoteles clausurados a lo largo de punta Piedra son: Vía Láktea, Casa del Jaguar, Tierras del Sol, Hamaca Loca y Xichó.

El caso, promovido por el abogado Carlos González Nuño, generó una intensa campaña internacional por las demandas que presentaron huéspedes desalojados violentamente por la policía, pese a que se trataba de habitaciones reservadas y pagadas con meses de antelación.

El desalojo había sido dispuesto semanas antes por la procuraduría General de la República, pero los administradores de los hoteles recurrieron a amparos para evadirlo.

Aproximadamente unos veinte hoteles de la zona son parte del complicado litigio entre empresarios, políticos, exfuncionarios, traficantes de terrenos y arribistas de toda laya, explicó González Nuño ese día.

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