Los federales desaparecieron en 12 entidades del país durante el sexenio pasado, en la denominada "guerra" calderonista, ya que oficialmente no se ha registrado un solo caso en esta administración.
En el documento se indica que de las 50 víctimas, sobre ocho se tiene "presunción de muerte", por lo que beneficiarios de 42 federales reciben un apoyo económico complementario, que ha representado un gasto de más de 43 millones de pesos en los tres años y medio recientes.
La mayoría de las desapariciones ocurrió en Michoacán y Tamaulipas, estados que concentraron más de 50 por ciento de los casos ocurridos cuando los agentes estaban en servicio entre el 4 de diciembre de 2006 y el 29 de agosto de 2012.
Por su carácter de servidores públicos, estos mexicanos no están integrados en el universo de ciudadanos que serán recordados por organizaciones no gubernamentales (ONG) el 30 de agosto, en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Los policías federales se encontraban activos al momento de su desaparición, revela el informe de la CNS que los describe así:
"En sus atribuciones siempre estuvo salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública, con un concepto alto de honor y ética en el desempeño de las tareas encomendadas".
En Michoacán, donde se establecieron los cárteles de La familia yLos caballeros templarios desaparecieron 19 elementos de la Policía Federal; en Tamaulipas, entidad en la que operan el Cártel del Golfo y Los Zetas, ocho agentes fueron vistos por última vez.
El resto de las desapariciones ocurrió en Nuevo León (cuatro), Veracruz (cuatro), Durango (tres), Zacatecas (tres), Coahuila (tres), Distrito Federal (dos), Sinaloa (una), Baja California (una), Guerrero (una) y Sinaloa (una).
Mientras las familias de los desaparecidos viven en el limbo emocional, el gobierno federal solo ofrece hasta 10 millones de recompensa por la localización de los policías Juan Carlos Ruiz Valencia, Pedro Alberto Vázquez Hernández, Luis Ángel León Rodríguez, Bernardo Israel López Sánchez, Israel Ramos Usla, Jaime Humberto Ugalde Villena y Víctor Hugo López Lorenzo.
Los siete fueron secuestrados por comandos el 16 de noviembre de 2009 en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.
En contraparte, los parientes de los ocho agentes que han sido declarados "muertos" no reciben la "medida complementaria" establecida en la Norma 01/2011.
Fue emitida por el Consejo Federal de Desarrollo Policial el 22 de julio de 2011 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2012.
La Policía Federal señala que la Coordinación de Servicios Generales brinda orientación y apoyo a los beneficiarios en la tramitación de los procedimientos de declaración de ausencia o presunción de muerte, mientras que la Dirección General de Asuntos Jurídicos proporciona orientación legal.
A los familiares o beneficiarios se les entrega el salario de los policías federales desaparecidos como si estuvieran cubriendo la plaza, por lo que no existe el concepto por pago de indemnización.
Según registros de la Dirección de Sistemas Administrativos y de Pagos de la Dirección General de Recursos Humanos, a la fecha se han erogado 43 millones 593 mil 527 pesos para cubrir las "contraprestaciones económicas" para los beneficiarios de los agentes cuyo paradero se desconoce.
En 2011 se destinaron 5 millones 22 mil 751 pesos; en 2012, 9 millones 344 mil 60 pesos; en 2013, 14 millones 740 mil 19 pesos, y en lo que va de 2014, 4 millones 486 mil 695 pesos.
Entre los desaparecidos hay policías primero, segundo y tercero, suboficiales, oficiales, subinspectores e inspectores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario