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GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - Guadalupe y Calvo es un municipio tradicionalmente minero, pero su actividad principal en las últimos 50 años ha sido la producción de mariguana y amapola. Se convirtió en una región codiciada y próspera, que alcanzó el nivel de salario mínimo más alto en el país.
Comercios, hospitales, escuelas, toda la sociedad llegó a subsistir principalmente de esos cultivos… pero éstos se volvieron contra la población. Cientos de pobladores de esta región, que forma parte del Triángulo Dorado del narcotráfico, tuvieron que huir para conservar la vida.
El Cártel de Sinaloa montó su base de operaciones en Puerto de Yerbitas, otro pueblo de este municipio, sobre la carretera que va a la cabecera municipal y hacia Badiraguato. Y así Yerbitas, como su vecino El Ocote, se quedó casi solo desde 2013.
Lo mismo sucedió con otros poblados de Guadalupe y Calvo ante la amenaza del grupo delictivo. Por su terreno accidentado y la complicidad de las autoridades, la zona ha sido ideal para la operación de los narcotraficantes durante décadas.
Habitantes que huyeron de Yerbitas hace siete años recuerdan a Fernando Covarrubias, de 22 años, quien después de un largo tiempo de ausencia regresó al lugar con su familia. Era líder del Cártel de Sinaloa y fue asesinado en 2012, pero su célula se estableció ahí.
En abril de 2011 Covarrubias fue aprehendido con otros dos jóvenes en posesión de armas de fuego y droga en Turuachi, en el mismo municipio (expediente PGR/CHIH/PARR/942/2011-C). Los entrevistados recuerdan que salió pronto.
Un joven que salió de su pueblo relata: "Fernando tenía otro jefe y cuando lo matan con otras personas, se empiezan a pelear la plaza y a partir de ahí se pone más feo, porque a él todo mundo lo conocía. Al jefe, según, todavía no lo matan pero la gente de Sinaloa opera ahí y el mismo chavalo empezó a llevar a Yerbitas a gente de fuera".
Cuando mataron a Covarrubias, su familia tuvo que irse del pueblo porque estaba amenazada.
"Los que trabajaban con él y sus conocidos tuvieron que irse, porque no sólo se dedicaba al narcotráfico, tenía negocios de compra y venta de madera. Había mucha gente con él trabajando, los persiguieron o amenazaron. A toda la familia… en cuarto grado… no importaba, también las mataron o las amenazaron, aparte de las familias de los que mataron con él. Fueron unas 40 familias afectadas entre 2012 y 2013", recuerda el testigo.
Sólo en mayo de 2013 mataron a varias personas: "No se supo mucho, pero asesinaron a tres muchachas esa noche y a más señores, hubo muchos desaparecidos. Allá matan a gente y luego no aparecen los cuerpos", narra otra joven desplazada.
El primer testigo indica que los delincuentes tienen sus zonas preferidas para arrojar los cuerpos y abandonar vehículos, pero que nadie se atreve a tocar o a denunciarlo: "Son camionetas nuevas, no las recupera nadie. Una Avalanche gris estuvo mucho tiempo por Yerbitas, subiendo por Turuachi; quién sabe si ahí siga".
La poca gente que permanece en el poblado vive con miedo. "Siempre estás midiendo con tus conocidos cómo está la situación cuando quieres ir, primero preguntas cómo está".
Antes, a las seis de la tarde las calles estaban llenas de personas, convivían en los pueblos. Ahora, si bien la presencia de militares en la cabecera municipal ha hecho posible recuperar algunos lugares, la gente de las comunidades prefiere irse temprano a casa, las tiendas cierran también.
"Desde el año pasado, las pistas de aterrizaje, que ya no estaban funcionando, se volvieron a activar –añade el entrevistado–. Las han estado rehabilitando. En años anteriores ya sólo estaban funcionando como centros madereros, que eran muy fuertes, pero como muchos se han tenido que ir por la violencia, las rehabilitaron y comenzaron a bajar avionetas… y las suben luego, luego."
El año pasado asesinaron a Jaime Orozco Madrigal, candidato a presidente municipal. Antes y después se abatió sobre la región una ola de crímenes: tres hombres del poblado La Hacienda fueron secuestrados y después devolvieron sus cuerpos. Levantaron a otros cinco de la localidad Mesa de San José y nunca aparecieron. Los cadáveres maniatados de otros dos, de 25 años, fueron arrojados en el camino a la sección de Dolores.
A partir de entonces los grupos delictivos incineraron vehículos y personas, mataron con saña a habitantes de Puerto de Yerbitas. No todos los homicidios se reportaron oficialmente y varias víctimas no fueron encontradas.
En sólo cinco días de julio fueron asesinadas en Puerto de Yerbitas dos mujeres, de 17 y 21 años; la cabeza de esta última no se localizó. En otras acciones las autoridades aseguraron ocho cargadores de AK-47 y una granada de fragmentación. También hallaron dos camiones de carga calcinados en los que dijeron que no había cuerpos, pero la gente del municipio asegura que por lo menos había nueve personas calcinadas.
También durante esos días, seis hombres cayeron heridos en una balacera y dos camionetas fueron incineradas. Los lesionados eran trasladados en dos ambulancias a un hospital cuando sus cómplices los rescataron.
Un mes antes, cerca de Yerbitas, asesinaron a dos niños (de 7 y 11 años), a su padre y a sus abuelos. Luego mataron a un militar.
En el poblado de Baborigame también hubo balaceras y los sicarios mantuvieron al pueblo atemorizado durante mucho tiempo. "Es inexplicable que toda la gente sabe dónde están los retenes de los narcos, hay militares y nadie hace nada", comenta uno de los desplazados. Y recuerda el tranquilo pasado: "Antes era tranquilo, circulabas en la madrugada con un paisaje hermoso. Sabías que mucha gente se dedicaba a sembrar mariguana y amapola, siempre había pistoleros, nada más, pero no eran sicarios. El terror se inicia con los sicarios".
Varios lugareños coinciden en que los delincuentes se diversificaron hace seis años. "Ahorita los que están todos nerviosos son los que tienen aserraderos, pero extorsionan a todos, hasta a los indígenas. El año pasado, como en julio, mataron a un maderero en Yerbitas porque no quiso darles cuota".
El primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Parral, Víctor Manuel Horta Martínez, dice que el año pasado se intensificaron los desplazamientos y que los pueblos de Guadalupe y Calvo se quedaron prácticamente solos. El reto para la comisión era seguir los homicidios, amenazas, secuestros y extorsiones por oficio, porque no había quejas. El terror paralizó a la gente.
La joven que decapitaron en Puerto Yerbitas era sobrina de Horta Martínez. Tenía otros seis hermanos y toda la familia tuvo que huir.
La estrategia de las autoridades estatales contra el crimen es simple. En octubre de 2013, cuando Jorge Enrique González Nicolás fue nombrado fiscal general del estado, ordenó que en los partes policiacos de la zona sur no se mencionaran los homicidios, pues sólo se darían a conocer cuando los medios lo solicitaran.
Resistencia indígena
Alfonso Molina Carrillo, uno de los líderes de la comunidad Coloradas de la Virgen, señala que las autoridades no les hacen caso cuando denuncian amenazas o intentos de homicidio: "He platicado con el comandante y el Ministerio Público, pero ni siquiera van. Tendrán miedo o están comprados. Me dijo uno de ellos: 'Encapúchense y denle'. ¿Cuál es la ayuda?".
Advierte que los criminales pretenden quedarse con sus tierras para sembrar droga. "Me acuerdo que mis papás me platicaban… Tenemos un plano de 1912. Era una comunidad indígena, no había divisiones ni talas, vivía uno tranquilamente. De 1955 para acá comenzaron a arreglarla como ejido… En 1970 nos dejaron como divididos a mestizos e indígenas. A nosotros nos dejaron en la barranca. Hay como 22 mil hectáreas de bosque, una parte está talada, casi más de la mitad, pero a los indígenas nos dejaron pura barranca. No hay pino, no hay bosque: puros cerros.
"Pero nosotros siempre vivimos ahí, en el ejido, porque ahí tenemos el pueblo, hacemos las reuniones, nombramos gobernador, hacemos las fiestas, tenemos nuestras posesiones, lo de nuestros padres. No nos pueden correr. Somos de ahí, estamos adentro del ejido, no somos ejidatarios sino comuneros", explica Molina.
Desde 1992 los mestizos les quitaron el derecho al ejido con la reforma agraria. Hasta levantaron un censo sin ellos. "Nos han amenazado, pero no han detenido a nadie", dice, pero lo peor es que desde 1970 les han asesinado a siete líderes.
Ahora, por seguridad, prefieren no "juntarse con muchos mestizos ni creer mucho en chismes, porque luego si decimos cosas que pasan, en tragos o así, y así nos investigan para saber cómo andamos y empiezan a molestar", cuenta Molina.
A veces empiezan a talar el bosque de la comunidad, pero entonces se reúnen como 50 indígenas. "Les llevamos una demanda que ya metimos a la Semarnat. Tenemos la orden para que no lo hagan. Vamos en grupo, entre mujeres y hombres". Y sí, hace dos años lograron la suspensión de la tala, pero les ha costado amenazas frecuentes.
De todas formas, en Coloradas de la Virgen los narcotraficantes buscan apoderarse de los terrenos. Tienen sus tácticas: "Se meten a la fuerza, engañan a la gente. Le dicen 'yo te ayudo, yo te ayudo', pero al último hacen sus casas y los sacan.
"Muchos trabajan con ellos. El trabajo es hacer todo para los dueños mestizos, que son gente de afuera. Son muchas familias (…) Cuando cosechan se van… pero cuando están ahí hacen casas de lámina, de madera… traen trocas del año, se visten bien, pues traen dinero."
Algunos de los indígenas que les ayudan son niños. "Andan ahí, los obligan a fuerza a ser sicarios. Ya que los invitan a trabajar con ellos, haz de cuenta que les dicen: 'Tú vas a hacer esto'. Entra puro nuevo de 12 y 15 años", relata.
La escuela más cercana se encuentra a tres horas en camioneta y 12 caminando. Para recibir atención médica la gente debe esperar a que lleguen las brigadas de salud y si alguien se enferma se pide apoyo a Baborigame, que está a tres horas.
"Yo creo que la manera de acabar con esto es quitar todo el rancho Petate, que está cerca de Coloradas. Aparte de otro ranchito que se llama Huechi, donde también hay otro grupo de gente de fuera que están sembrando también."
En Choreachi la defensa de la tierra costó la vida de dos jóvenes indígenas: Jaime Zubía Ceballos y Socorro, cuyas familias tuvieron que dejar la región por amenazas. Las maestras del poblado también huyeron.
La violencia desatada por los grupos delictivos obligó a Isela González y Ernesto Valencia –activistas de la Alianza Sierra Madre– a solicitar apoyo gubernamental del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Su petición se aceptó, pero aún no se realiza ni siquiera la valoración de riesgo.
Además, la comunidad de Choreachi, donde el año pasado asesinaron a un joven defensor del territorio indígena, presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares para proteger a la comunidad, las autoridades tradicionales y a la Alianza Sierra Madre. El recurso, que presentaron a través del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, está en proceso de análisis.
Por eso en 2010 se formó el Fideicomiso para la Competitividad y Participación Ciudadana, al que pertenece el Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia.
Empresarios de la entidad aportaron una cuota extraordinaria de 5% de impuesto estatal sobre nómina con el fin de ayudar a reparar el tejido social.
Según los datos recopilados por el Observatorio, el municipio sólo tiene 55 policías y un promedio anual de 9 millones y medio de pesos para seguridad. El promedio de escolaridad de la población es de quinto de primaria, 21% es analfabeta y sólo 30% es población económicamente activa.
Este año Guadalupe y Calvo recibirá 14.3 millones de pesos del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
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