Antonio Attolini Murra / ADNPOLÍTICO
Por lo general, se tiende a confundir a los "cárteles de la droga" con los "grupos delictivos organizados" generando así una disociación falsa entre el problema del narcotráfico y el problema del crimen organizado.
México enfrenta un problema con los grupos de delincuencia organizada trasnacional que operan en el territorio nacional. En el año 2000, la Oficina de Naciones Unidas en contra de las Drogas y el Delito logró articular a la comunidad internacional a que firmara y ratificara el documento más importante (después de 11 convenciones internacionales previas) en cuanto a delincuencia organizada se refiere: la Convención de las Naciones Unidas en contra de la Delincuencia Organizada, en la ciudad de Palermo en Sicilia, Italia.
Los tratados anteriores fueron: Convención Internacional sobre el Opio de 1912; la Segunda Convención Internacional del Opio de 1925; la Convención para limitar la Fabricación y Reglamentar la Distribución de Estupefacientes de 1931; la Convención para la Supresión del Tráfico ilícito de Drogas Nocivas de 1936; el Protocolo de 1946; el Protocolo de 1948; el Protocolo sobre el Opio de 1953; la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961; el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971; el Protocolo Modificado de la Convención Única de Estupefacientes de 1972; y la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas de 1988 (Convención de Viena).
La definición jurídica de "grupo delictivo organizado" se establece en el artículo 2 de dicha Convención. Ésta dice así:
"Por 'grupo delictivo organizado' se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados con arreglo a la presente Convención con miras de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material".
A partir de la homologación de la definición de delincuencia organizada, las legislaciones estatales pudieron simplificar y estandarizar sus investigaciones, de tal manera que fueran posibles acciones eficientes en conjunto –puesto que el carácter trasnacional de este fenómeno así lo requiere-.
A partir de esta estandarización es que fue posible definir los 23 mercados de bienes y servicios ilícitos de donde obtiene la delincuencia organizada sus beneficios económicos o materiales. Es importante señalar que uno de estos 23 tipos de mercados es el de tráfico de estupefacientes.
De los 23 delitos, el crimen organizado mexicano participa en 22 de ellos. La única excepción es el tráfico de material radiactivo, porque todavía no es negocio traficar uranio enriquecido.
Además del tráfico de material radiactivo y de estupefacientes, los otros 21 tipos de delitos son: actos de terrorismo, contrabando de bienes y servicios diversos, ejecuciones de funcionarios públicos, extorsión, falsificación de dinero/bonos/valores, falsificación de documentos, fraudes de tarjeta de crédito, homicidios calificados, infiltración patrimonial, lavado patrimonial, lenocinio, lesiones, piratería de productos diversos, pornografía, robo de vehículos, secuestro, tráfico de armas, tráfico de cigarros, tráfico de indocumentados, tráfico de personas y trata de personas.
El crimen organizado mexicano tiene presencia en un impresionante total de 52 países alrededor del mundo. Expertos reconocidos internacionalmente como lo son nuestro profesor Edgardo Buscaglia, pero también Cesar Prieto Palma, Samuel González Ruiz, William Ratliff, Robert Cooter o Jan van Dijk han determinado que como condición necesaria para que el crimen organizado se vuelva trasnacional es necesario que el Estado alcance un nivel de corrupción tan alto que:
"Los grupos de delincuencia organizada logran participar en precampañas o en los medios de comunicación o comprando votos o corrompiendo a los procesos electorales democráticos. Logran influir coaccionando a los políticos para obtener su apoyo gracias a la existencia de deudas con algunos miembros de la delincuencia organizada. La infiltración en este nivel puede llegar a tal grado que la delincuencia organizada controla al Estado en sus decisiones más importantes, lo que equivale a comprar sus políticas públicas".
Es decir, para que el crimen organizado trasnacional pueda llegar a serlo, es primero necesario que exista un Estado débil que permita una severa filtración a través de los huecos de autoridad que surgen de esta realidad.
El crimen organizado no es un problema de gobierno, sino un problema de Estado. En México opera el cártel más poderoso de América Latina y el tercero a nivel mundial, sólo después de los rusos y de los chinos: el cártel de Sinaloa.
Las consecuencias de implementar una política pública que sólo se concentre en buscar erradicar la práctica de uno sólo de los 23 delitos (por ejemplo, siendo el más famoso de todos, el tráfico de estupefacientes) resultarán ser más perjudiciales que benéficas. Esto, debido a que el crimen organizado –como grupo económico que es- al ver que los ingresos de una de sus rentas está parcial o completamente comprometida, optará por redistribuir riesgos y especializarse en sus otras fuentes de ingreso intentando subsanar la pérdida sufrida.
De esta manera, en el supuesto de que el tráfico de estupefaciente lograse ser absolutamente eliminado, lo que estaríamos generando es que el secuestro, la extorsión, la trata de blancas, la piratería, los asesinatos calificados, los actos de terrorismo, el tráfico de documentos, etc., incrementaran.
No son las drogas el causante de la violencia en México, ni tampoco el único problema por el cual todo el desastre institucional que conocemos es provocado.
La violencia en México es una reacción obligada por parte de los grupos del crimen organizado, al ser éstos confrontados de manera directa sin una debida articulación institucional y técnica. Me refiero a que si no se confisca la base patrimonial de la delincuencia organizada, se rompen sus vínculos mafiosos con políticos del más alto nivel y no se invierte en proyectos de prevención social –y no sólo de prevención del delito-, la delincuencia organizada reaccionará con violencia a la confrontación que el Estado mexicano ha decidido emprender en su contra.
En este contexto, la captura o abatimiento de 25 de los 37 líderes criminales más buscados no es un indicador para evaluar si la política de seguridad del presidente Calderón es un éxito o un fracaso, mucho menos los niveles de violencia. Lo que se debe medir es la incidencia de la delincuencia organizada en los 22 mercados de bienes y servicios ilícitos en los que incurre. Sólo así tendremos un indicador científico y riguroso para evaluar la estrategia actual.
Seguimos siendo presas de un stunt mediático por parte del Gobierno Federal que sigue –me parece ya que de manera perversa- tratando de convencernos de que todo está bien mientras existen parcelas del territorio nacional en donde no gobierna el Estado mexicano.
Y la discusión política del país está marcada por huevos y cadáveres que caminan solos... ¡vaya democracia!
Antonio Attolini Murra es estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en el ITAM, y secretario general del Modelo de Naciones Unidas de su universidad. Sus opiniones son a título personal y no reflejan la postura del Movimiento #YoSoy132 ni de la Asamblea Local itamita, de la cual es vocero.
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