México.- La corrupción es un cáncer que ha ido carcomiendo lo mismo a las instituciones gubernamentales como las encargadas de la seguridad en distintos puntos del país. En Cancún, Quintana Roo, la Procuraduría General de la República (PGR) indaga "de oficio" a por lo menos 15 funcionarios de la Policía Preventiva del municipio de Benito Juárez, presuntamente por su relación con el crimen organizado.
Así lo da a conocer este día el diario La Jornada, a quien fuentes ministeriales y militares revelaron que entre los sospechosos se encuentran dos directores y varios jefes de área, que enfrentan denuncias anónimas y señalamientos de testigos protegidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
En la investigación fue importante la colaboración del general Anastasio García Rodríguez, comandante de la 34 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien en rueda de prensa declaró que las corporaciones policiacas de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen) "están infiltradas por el narcotráfico, al menos en 90%".
El militar expresó que "la infiltración es real, porque (los policías) figuran en las nóminas del crimen organizado; lo hemos comprobado".
Precisó que primero fueron "450 agentes (cooptados), luego reclutaron a 500, después el número subió a 800 y ahora se puede afirmar que cualquiera que sea el número de elementos que tengan aparecen en narconóminas.
"En la policía de Cancún los 14 sectores de la policía están infiltrados, incluidos los de las delegaciones municipales de Puerto Morelos y Leona Vicario."
Se abrió entonces una indagatoria. A partir de dos llamadas anónimas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) se denunció que agentes de la policía municipal de Cancún reciben dinero de grupos criminales ligados al narcotráfico y a la trata de personas que operan en esa región turística desde hace varios años.
Quejas por declaraciones
La declaración del general provocó una enérgica respuesta del presidente municipal de Benito Juárez, el perredista Julián Ricalde, quien ayer anticipó que presentará una queja ante la Sedena por las declaraciones del comandante de la 34 Zona Militar.
"Ya estamos emitiendo un comunicado y una queja a la Sedena", dijo ante la prensa local.
"Lo que declaró se tiene que probar; hoy (ayer) estamos mandando un comunicado a la Secretaría de la Defensa para que nos digan si ese es un diagnóstico, si esa es la persona autorizada para hacer las declaraciones en este sentido y generar esta incertidumbre, este revuelo", expresó.
Para el alcalde se trata una declaración "chabacana" y que "es inaceptable" la acusación del general García Rodríguez.
Ricalde consideró que lo dicho por García Rodríguez pudo ocurrir hace cuatro años en la gestión de Gregorio Sánchez, pues ahora "hemos depurado totalmente a la corporación (...) Para hablar hay que tener las pruebas y los fundamentos".
Apuntó que considera que el general "quiere ser protagónico (...) quiere llamar la atención de alguna manera".
Por su parte, el titular de la secretaría municipal de seguridad pública y tránsito de Benito Juárez, Jesús Aiza Kaluf, dijo que a 15 meses de haber asumido el cargo ha destituido a 310 elementos, incluidos ocho directores y jefes de área.
Incluso lanzó que el general tiene información atrasada y resaltó que 40% de los elemento han aprobado los exámenes de control y confianza, y que han sido detenidos unos 700 supuestos narcomenudistas en los pasados 15 meses.
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