La nómina de "los jueces de la impunidad" fue revelada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad de Naciones Unidas (ONU) que colabora contra el crimen organizado y sus estructuras incrustadas en el Estado.
El titular de la CICIG, Francisco Dall´Anese, entregó durante la semana el listado de 18 jueces a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Claudia Paz y Paz, para que se efectúen las investigaciones pertinentes contra los magistrados corruptos.
"Los jueces de la impunidad incurrieron en la violación de la ley en sus resoluciones al dictar fallos contrarios al derecho, violaron la ley y favorecieron redes criminales", sostuvo Dall´Anese, ex fiscal general de Costa Rica.
El jefe de la misión de las Naciones Unidas afirmó que existen bases para determinar que los jueces incurrieron en delitos y no en faltas por interpretaciones equivocadas de la ley, y pidió al MP que inicie procesos penales contra los señalados.
La denuncia de la CICIG establece "los vicios en que han incurrido" los funcionarios del sistema judicial guatemalteco, "emitiendo resoluciones contrarias a Derecho", y detalla las faltas de los 18 jueces que los vinculan a redes del crimen organizado.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, Gabriel Medrano, indicó que hay más de 900 jueces y magistrados en funciones, por lo cual el número de denunciados sería mínimo, y pidió que en todo caso se cumpla el "debido proceso".
Entidades defensoras de los derechos humanos y en pro de la justicia apoyaron la iniciativa de la CICIG y abogaron por una investigación que fundamente las acusaciones de corrupción y crimen organizado contra los magistrados deshonestos.
El presidente Otto Pérez Molina, consultado sobre el tema, dijo que era un asunto que competía al MP, que luego de analizar la denuncia deberá determinar si procede la persecución penal de los jueces.
El gobierno de Guatemala suscribió un acuerdo con las Naciones Unidas para la creación de la CICIG, que comenzó a operar en septiembre de 2007 con un mandato de dos años. Luego de dos prórrogas, la misión internacional estará en el país hasta 2013.
Grupos de ultra derecha y sectores vinculados a militares y empresarios señalados de corrupción y de vínculos con el crimen organizado han rechazado el trabajo de la CICIG y han intentado por la vía legal suspender su mandato en Guatemala.
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