lunes, 28 de julio de 2014

La historia de terror de una masacre

Son las 5:30 de la tarde en una pequeña población de no más de 30,000 habitantes, ubicada en una zona semidesértica del norte de México, pero que tiene una economía floreciente. Repentinamente, a bordo de unas 50 camionetas, gente armada irrumpe en el poblado y se apodera de él.

La tranquilidad se rompe en la pequeña población y, mientras una parte de los hombres armados se ubica en las entradas del pueblo, otros empiezan a capturar gente. Hombres, mujeres, niños, niñas, familias enteras son levantadas, lo mismo que empresarios de distintos giros, agricultores y propietarios de ranchos.

La ocupación dura varias semanas, lapso en el cual muchos son extorsionados y amenazados. Uno de los ricos del pueblo recibe la exigencia de entregar su fortuna o de lo contrario sería ejecutado igual que su familia. El empresario huye a Estados Unidos y su residencia, ubicada cerca del ayuntamiento, es saqueada y dejada en ruinas después de que desaparecieron de ella muebles, aparatos electrónicos e incluso puertas.

Los invasores también incendiaron y destruyeron otras casas a balazos, e incluso con maquinaria pesada. Al final, cerca de 40 casas y siete ranchos fueron destruidos, ante la impotencia de pobladores y autoridades. Unos dicen que la ocupación fue para extorsionar, cobrar rescate y/o derecho de piso, y otros sostienen que se debió a una venganza del grupo criminal Los Zetas, que fue traicionado por algunos de sus socios que no entregaron millones de dólares producto de la droga vendida en EE.UU., y como éstos huyeron, los Zetas optaron por hacer pagar la traición a los familiares de sus ex socios, como una forma de presionarlos para que entregaran el botín. Cuando la ocupación terminó, del pueblo habían desaparecido decenas de familias, unas 300 personas en total.

Todo esto no es una historia escrita por Edgar Alan Poe, Stephen King o algún otro autor del género de terror, sino un episodio insólito y terrible ocurrido en marzo de 2011 en la población de Allende, Coahuila, y en menor escala también en Nava, un pueblo cercano. Lo que en principio fue un rumor del que se hablaba sotto voce, fue creciendo hasta que algunos pocos medios de comunicación lo difundieron y ya no pudo continuar en secreto este caso, del cual el gobernador Rubén Moreira se ocupó a fines de noviembre de 2012.

Este año, en enero, fue hallado en Coahuila un conjunto de fosas clandestinas con restos humanos calcinados que se supone son de los secuestrados en Allende y Nava, hallazgo que remite a otro caso macabro semejante: el de cerca de 200 cuerpos en San Fernando, Tamaulipas, en 2011.

El caso coahuilense, que ha permanecido en la semiclandestinidad debido a que sólo algunos medios locales y nacionales lo difundieron, revela hasta qué grado la delincuencia organizada puede actuar con impunidad en este país, que no es ciertamente un Estado fallido pero sí tiene zonas que corresponden a esa calificación.

¿Por qué el Estado mexicano no informa detalladamente de cuántos de los restos humanos de las narcofosas coahuilenses pertenecen efectivamente a los pobladores secuestrados masivamente en Allende y Nava? ¿Cuál es el estado de la investigación que se supone deben haber realizado la PGR y otras autoridades? Del ominoso silencio oficial es válido inferir que la impunidad es el destino de este caso, una impunidad que es potente estímulo para que los grupos del crimen organizado continúen su labor asesina y desestabilizadora.

Las desapariciones forzadas no representan al parecer una real preocupación del gobierno federal que, más interesado en perseguir a líderes de autodefensas como el doctor José Manuel Mireles, ni siquiera puede dar un número cierto de los desaparecidos en el país.- México, Distrito Federal.

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