El Gobierno de Bolivia realizó un proyecto de ley mediante el cual se le dará protección a aquellas personas que denuncien acciones del crimen organizado, relacionadas con narcotráfico, corrupción y delitos de violencia machista, informó este lunes la prensa internacional.
Esta normativa es una de las doce nuevas leyes que prepara el Ejecutivo para su próxima remisión al Parlamento.
La ley sugiere la aplicación de medidas de protección a las personas que den información a las autoridades o sean testigos, peritos o asesores técnicos en investigaciones judiciales o administrativas.
La protección se extenderá a los familiares de los colaboradores y se aplicarán durante tres años, sin embargo, estas podrían tener prórroga por la misma cantidad de tiempo si el peligro de las represalias persiste.
Entre las medidas que contempla la ley están la preservación de la identidad, la confidencialidad de los datos personales de derechos laborales, custodia policial en el domicilio de las personas y uso de sistemas tecnológicos que impiden que se conozca su identidad.
Además se plantea métodos de la distorsión del aspecto físico o de la voz, alojamiento temporal en albergues para víctimas y testigos, asistencia psicológica, entre otras medidas que garantice la seguridad de las personas.
Los organismos encargados de emitir las órdenes de protección serán los ministerios de Gobierno, Trabajo, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y a la Fiscalía, que determinarán las medidas luego de realizar un estudio de las personas en coordinación con la Policía.
Las personas protegidas deberán colaborar en procesos judiciales o administrativos para esclarecer los delitos denunciados y estarán obligadas a mantener la confidencialidad sobre los procedimientos de protección, o de lo contrario, también podrán ser sancionadas.
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