CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 25, 2013.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar el caso de un juez federal acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de entorpecer la justicia, al dictar sentencias en favor de personas vinculadas al crimen organizado.
Se trata del juez Primero de Distrito en Michoacán, Efraín Cazares López.
El 5 de junio de 2012, este juez federal fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), acusado de incurrir en faltas graves en su función judicial.
El juez Efraín Cazares dictó sentencia en el caso conocido como El Michoacanazo, donde ordenó liberar a los funcionarios presuntamente involucrados con el crimen organizado en Michoacán.
Este juez también fue quién le dio un amparó a Julio César Godoy Toscano, hermano del ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, para que pudiera tomar protesta como diputado federal.
Además, este juez federal fue acusado por un testigo protegido de lavar dinero para el grupo delictivo de Joaquín El Chapo Guzmán.
Este miércoles, por unanimidad de votos, a propuesta de la ministra Olga Sánchez Cordero, la Primera Sala determinó que el caso del juez Efraín Cazares es de interés y trascendencia jurídica para ser analizado por la Suprema Corte.
El juez es acusado por la PGR del delito contra la administración de justicia, al negarse a girar una orden de aprehensión en contra de Manuel Fernández Valencia y Pedro Navarro Fernández, presuntos operadores del cartel de Sinaloa.
El documento elaborado por la ministra Olga Sánchez destaca que "la sociedad se ha visto consternada por las deficiencias en la impartición de justicia, principalmente en el ámbito penal".
CPS
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