Ciudad de México.- El profesor de Gobierno y Servicios Extranjeros de la Universidad Georgetown, John Bailey, señaló que la complicidad perversa entre el crimen organizado y la informalidad soportada por el Gobierno alcanza hasta 59 mil millones de dólares en efectivo, lo que perjudica al sector formal de la economía.
México tiene una economía informal más chica que la de otros países como Brasil, pero le afecta más este flagelo, una vez que se desconoce realmente el alcance de la economía informal.
El especialista aseguró que la informalidad es fomentada por el Estado, dado que existe corrupción en todos los niveles de gobierno.
Las ventas de artículos ilegales representan lo que calificó como la "alegalidad", donde existe un mercado subterráneo que representa una tercera parte de la economía total del país.
En todas las ciudades existe este tipo de acciones que atentan contra la economía formal, sin embargo, existe la venta de autopartes, medicinas, tabacos, vinos y licores, situación que se encuentra arraigada, enfrentando al Estado, situación que se debe estudiar a fondo.
Para combatir la ilegalidad se requieren incentivos, lo que permite visualizar que el Gobierno enfrenta un reto, que el especialista ve muy difícil de resolver; se puede poner freno a la informalidad, pero no a la criminalidad, dijo.
Llaman la atención las ganancias al sector informal, pero más llama la atención que el Gobierno lo vea como colchón porque permite el acceso a bienes de consumo duradero sin poner freno, toda vez que se fomenta el lavado de dinero, situación que aprovecha el sector informal y el crimen organizado por las deficiencias del Estado.
La fuga de capital, alcanza según estimaciones, casi 15 mil millones de dólares, esta situación está ligada con un vínculo estrecho a la microeconomía, situación que otorga ganancias al crimen organizado por alrededor de 29 mil millones de dólares, según diversas estimaciones.
El especialista calculó que ese dinero sale y entra al país logrando evadir al fisco, por lo que se debe apelar a la ley y a la ética del banquero para frenar este flujo de capital. La solución parcial es garantizar incentivos fiscales y de atracción del estado a la informalidad, con cultura y educación entre otros aspectos, concluyó.
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