Sancionarán a particulares, funcionarios y policías que sirvan como "halcones"
La fuga de información nulifica la labor del gobierno, fundamenta el gobernador Angel Aguirre
Chilpancingo, 5 de septiembre. La Secretaría General de Gobierno envió al Congreso del Estado una iniciativa con la que se busca tipificar como delito la fuga de información de las estrategias de seguridad y sancionar a los llamados "halcones" o informantes de la delincuencia organizada, pues evita que el combate a la delincuencia organizada sea efectivo.
De acuerdo con la iniciativa, sirven como halcones tanto particulares como servidores públicos, incluyendo la misma policía, por lo que se les sancionará hasta con 15 años de prisión, además de que aquel servidor público que porte más de tres celulares o aparatos de radiocomunicación que no sean justificables, serán sancionados hasta con ocho años de prisión y se les destituirá de su cargo.
En la iniciativa, el gobernador Ángel Aguirre Rivero destaca que tanto el estado como el país atraviesan por serios problemas de inseguridad y "no obstante los grandes y claros esfuerzos que se hacen en todos los niveles y órdenes de gobierno, persiste la sensación de que poco se hace al respecto".
Se agrega que no sólo se requiere de dotar de más armamento o incrementar el número de policías, sino de tener herramientas jurídicas que prevengan, persigan y sancionen las conductas de las personas que trabajan para la delincuencia organizada y que se dedican a hacer funciones de vigilancia de las actividades y operativos que hacen las autoridades encargadas de la seguridad.
"En los últimos años se han diversificado y sofisticado las estrategias, métodos y técnicas de los delincuentes para cometer delitos; y es característica común de la delincuencia organizada contratar a gente que le proporcione información sobre las acciones y movimientos de los funcionarios a los cuales pretenden afectar en su integridad física o evitar acciones que combatan la delincuencia", destaca el documento.
Los informadores o halcones, menciona la iniciativa, pueden ser desde particulares hasta servidores públicos que se desempeñan -no exclusivamente- en el sector de seguridad pública o privada, "creando una red de complicidad que permite conocer oportunamente los operativos que realizará la autoridad e incluso llegan a saber itinerarios de las actividades que hacen diariamente.
Se detalla que a los halcones, por la misma actividad que desempeñan, la delincuencia organizada les proporciona además de dinero, teléfonos celulares, radiocomunicación y sistemas de comunicación modernos y sofisticados para estar localizables y enviar la información de manera rápida y eficaz.
"Estas personas están ubicadas generalmente en esquinas o semáforos de las vías de circulación o bien frente a domicilios u oficinas, simulando cualquier actividad" y que dichos equipos de radiocomunicación les permiten organizar o planear un delito o evitar acciones u operativos de seguridad contra el crimen.
Ante este panorama, el gobernador propuso adicionar un capítulo al artículo 268 Bis, sobre el uso indebido de información sobre actividades de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y del sistema penitenciario y que señala que "al que con objeto de planear o ejecutar un delito u obstruir la función de seguridad pública, realice actos tendientes a obtener o transmitir mediante cualquier medio información sobre las actividades propias de las instituciones de seguridad pública o de procuración e impartición de justicia y de ejecución de las penas de cualquier ámbito, o sobre cualquier servidor público, se le impondrá una sanción de dos a 15 años de prisión y de 50 a mil días de multa.
Pero cuando el sujeto (informante) sea miembro de cualquiera de las instituciones de seguridad pública del municipio, estado o federación, de procuración de justicia y de ejecución de penas o haya pertenecido a cualquiera de éstas, o haya sido agente de seguridad privada se le impondrá una pena de cinco hasta 15 años de cárcel y de 200 mil días de multa.
Además destaca que se sancionará con pena de dos a ocho años de cárcel y de 50 a 600 días de multa a los elementos que formen parte de las instituciones de seguridad pública que con la intención de cometer este tipo de delitos, porten tres o más teléfonos celulares, cualquier aparato o sistema de comunicación electrónica o de radiocomunicación o bien no justifique su propiedad o legítima posesión.
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