En su Memoria Anual de actividad correspondiente a 2012, a la que este lunes ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Pblico solicita una "respuesta institucional suficiente" que incluya la posibilidad legal de adopcin de numerosas medidas como la incautacin de bienes, medidas cautelares personales o reales, formas de publicidad o secreto de la instruccin, uso de agentes encubiertos o "de personas arrepentidas que son propias de la lucha contra el crimen organizado".
Para evitar estos comportamientos delictivos, la Fiscala hace una triple consideracin: la exigencia del cumplimiento de la legalidad administrativa; el desarrollo de amplias labores de intervencin en el uso de fondos pblicos y el incremento de la fiscalizacin contable, "dando inmediato traslado al Ministerio Fiscal de todas las irregularidades que sean detectadas y poniendo a disposicin de los investigadores todos los antecedentes documentales que sean necesarios para la actuacin de la jurisdiccin penal, de la jurisdiccin contable o de ambas a la vez".
En ese sentido, propone adems un total de cinco medidas: la promulgacin de un nuevo Cdigo Procesal Penal que otorgue la instruccin al Ministerio Fiscal; la creacin de un Observatorio contra la Corrupcin como un rgano independiente con una dotacin presupuestaria singularizada; un replanteamiento de la regulacin de los delitos societarios; establecer un imperativo presupuestario en trminos anlogos a los que aparecen en otros mbitos de la actuacin pblica; y la promulgacin de las denominadas leyes de transparencia a nivel estatal.
En lo que respecta al nuevo Cdigo Procesal Penal, el departamento que dirige Jess Garca Caldern considera necesario que la investigacin recaiga en la Fiscala, aunque con la supervisin de un juez, con unidades adscritas de investigacin criminal bajo su dependencia e integradas tanto por agentes de Polica Judicial especialmente cualificados como por otros funcionarios pblicos, estatales o autonmicos, dedicados a la fiscalizacin contable, el control de fondos pblicos y de la contratacin realizada por las administraciones. Esta normativa procesal debera adems "establecer urgentemente una acotacin temporal y flexible del proceso y, en especial, de la fase de instruccin".
El Observatorio contra la Corrupcin (que podra estar encuadrado en la propia Fiscala General del Estado o sometido al control parlamentario) debera tener una dotacin presupuestaria singularizada y estar integrado por expertos de distinto signo en la lucha contra la corrupcin que analicen el fenmeno de forma peridica, sealen sus causas, cuantifiquen los daos materiales que realmente produce y establezcan aquellas formulas ms eficaces para combatirla, informando a la ciudadana de los avances que puedan tener lugar tanto a nivel nacional como internacional.
La Fiscala ve necesario un replanteamiento de la regulacin de los delitos societarios, y considera que la percepcin de grandes sumas por administradores, gerentes o directivos de corporaciones y sociedades "es completamente incompatible con una prdida de beneficios que determine el sometimiento a expedientes de regulacin de empleo entre sus trabajadores".
"Deben castigarse como delitos, en definitiva, todas aquellas conductas demostrativas de una clara voluntad apropiatoria y que, superando los lmites razonables, atenten contra el derecho al empleo como un derecho fundamental de los ciudadanos y perjudiquen la viabilidad econmica de empresas, sociedades o corporaciones", seala el Ministerio Pblico, que adems apunta como "igualmente necesario y urgente" disear un rgimen pblico para la administracin judicial de situaciones de concurso e insolvencia.
En lo referente al establecimiento de un imperativo presupuestario en trminos anlogos a los que aparecen en otros mbitos de la actuacin pblica (lucha contra el narcotrfico), aboga por que los bienes y activos incautados reviertan "obligatoriamente" en la dotacin de aquellos organismos administrativos, policiales o judiciales que deban luchar contra la corrupcin en cualquiera de sus manifestaciones y "otorgando, en todo caso y de forma pblica y singularizada, dotaciones presupuestarias suficientes para que ejerzan su labor de manera ms eficaz".
Por ltimo, la Fiscala reflexiona acerca de la promulgacin de las denominadas leyes de transparencia que, a su juicio, deben desarrollarse a nivel estatal, de manera que concuerden todas las iniciativas planteadas desde cualquier administracin pblica, que permitan establecer "un principio general de acceso a la informacin en la contratacin, un marco legal de incompatibilidades que sea claro y preciso y un rgimen sancionador que sea compatible y complementario con la actuacin penal o contable".
De no llevar a cabo una actuacin lo suficientemente decidida y enrgica, alerta el Ministerio Pblico en su informe de que "se corre el riesgo de incrementar una sensacin de impunidad que sirva para extender comportamientos irregulares o corruptos, que generalice crticas infundadas o sectarias cuestionando irresponsablemente la labor de algunos servidores pblicos que cumplen honestamente con su deber y hasta llevando a cabo una cierta trivializacin de la lucha contra la corrupcin".
La Fiscala hace adems un breve repaso a los procedimientos por corrupcin llevados a cabo el pasado ao en cada una de las provincias. De Almera, destaca los asuntos relacionados fundamentalmente con el urbanismo (causas contra el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, o exalcalde de Zurgena Cndido Trabaln); de Cdiz apunta a la presunta implicacin de alcaldes o exalcaldes (Jerez, Rota, Puerto Serrano) y recuerda los que estn pendientes de juicio oral (Quality Food, caso Rilco o caso Baha Competitiva); y en el caso de Crdoba resalta la investigacin sobre la situacin del Consorcio Provincial de Extincin de Incendios, o las irregularidades que pudieran existir en el Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo.
En lo que se refiere a Granada, recuerda las investigaciones relacionadas con la Diputacin de Granada (Mercamed), los casos de Otura, Almucar o Santa Fe, o a los fraudes a la Seguridad Social, tramitados como diligencias previas incoadas en los Juzgados de Instruccin 3 y 9 de Granada; de Huelva destaca las denuncias por la utilizacin de subvenciones a fines distintos por parte de los Ayuntamientos, y de Jan alude a las investigaciones por delitos contra la administracin pblica.
De Mlaga incide en los casos relacionados con el urbanismo, y en Sevilla destaca en primer lugar, por su importancia, la trama de Mercasevilla, seguida del conocido como caso Camas, el asunto Invercaria o el de los Expedientes de Regulacin de Empleo (EREs) irregulares, en el que la Fiscala provincial refiere "una cierta ralentizacin de la instruccin por causas muy diversas y manifiesta su preocupacin por la agilizacin de la instruccin".
Sobre este ltimo asunto, el fiscal superior valora en la memoria "el enorme y discreto esfuerzo realizado por los fiscales delegados de la Fiscala Anticorrupcin y la Seccin de Delitos Econmicos de la Fiscala Provincial de Sevilla", dedicacin que "resulta imprescindible y completamente necesaria para articular, en su da, la exigencia de responsabilidad que corresponda ante los rganos jurisdiccionales que resulten competentes".
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