Cd. de México.- La estrategia del combate al crimen organizado es correcta, afirmó el presidente Felipe Calderón, y señaló que las muertes de ciudadanos no relacionados con la delincuencia no es producto de las acciones destinadas a contener y debilitar a los grupos criminales.
El jefe del Ejecutivo dio respuesta a las 38 preguntas formuladas por el PRI, PAN, PRD y PVEM en relación con el VI Informe de Gobierno sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país.
Al responder al PRI sobre la estrategia contra el crimen organizado, señala que los homicidios en el país y en especial los de personas inocentes "son causados por la acción de la delincuencia y la criminalidad. Por ello debe enfrentarse a la delincuencia y la criminalidad con toda la fuerza de la ley".
Menciona que en los casos "excepcionales" en donde han fallecido personas ajenas a los hechos en algún enfrentamiento con agresores o donde han participado las fuerzas armadas, se han investigado rigurosamente los hechos y fincado las responsabilidades correspondientes.
El Gobierno federal, dijo, emprendió una lucha por defender la seguridad de las familias mexicanas; la seguridad había sido resquebrajada por la debilidad de las estructuras policiales y de procuración de justicia a nivel local.
"La complicidad y corrupción en algunas regiones del país provocaron que la expansión de los grupos criminales se acelerara y se apoderaran del control de pueblos y ciudades sin encontrar resistencia".
Por ello, "neutralizada la acción de la autoridad local, los criminales comenzaron a actuar con impunidad cínica en contra de los ciudadanos". Insistió en que la violencia que afecta "a los mexicanos no es provocada por las acciones del gobierno federal y las fuerzas armadas", y que si estas se encuentran en algunas regiones del país "es porque ahí hay violencia que las autoridades locales no pudieron controlar".
"Es decir, no hay violencia por la presencia de las Fuerzas Armadas. Es al revés". Hay presencia de las fuerzas armadas y se debe a petición expresa de las autoridades locales.
En respuesta al PRD, sobre el incidente en Tres Marías, Morelos, en donde fueron agredidos por policías federales agentes estadounidenses, dijo que éstos realizaban labores "ordinarias" propias de la relación bilateral.
Aclaró que no estaban vinculados a la Oficina Bilateral de seguimiento, y que si se les tomó su declaración ministerial y fueron interrogados por las autoridades competentes, y que la presencia y actividades en México de funcionario extranjeros están claramente reglamentadas.
También a la pregunta del PRD sobre el operativo "Rápido y Furioso", señaló que el Gobierno de México ha sido absolutamente claro desde el primer momento en el sentido de exigir una investigación exhaustiva y transparente, así como en exigir también que se castigue a los culpables de esta situación.
"Se ha expresado un rechazo absoluto a cualquier operación que pudiera resultar en el trasiego de armas de Estados Unidos hacia México, como fue el caso del fallido operativo Rápido y Furioso", dejó en claro que el Gobierno de México no autorizó y no hubiera autorizado bajo ninguna circunstancia el tráfico controlado de armas a territorio mexicano".
Señala que la PGR se ha mantenido atenta al proceso que siguen las autoridades estadounidenses a fin de deslindar las responsabilidades a que haya lugar.
De igual manera, a la pregunta del PRI de porque si aumentó en casi 570 por ciento el número de policías de la PF, no se ha reducido el índice de inseguridad en el país, Calderón informó que el número de dichos elementos pasó de 6.5 mil en el 2006 a 36 mil este año.
Considero indispensable que los estados redoblen el esfuerzo por evaluar y depurar sus propias corporaciones. Sostuvo que el día que el país tenga 32 policías estatales profesionales y confiables, se habrá dado pasos definitivos en la lucha por la seguridad.
El presidente Felipe Calderón demandó al Legislativo que apruebe herramientas legales como el Mando Unico Policial y la Ley de Cadenas Criminales, para garantizar la acción efectiva del Estado contra el crimen organizado.
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