El presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, reconoció
que la violencia asociada al crimen organizado ha obligado a reforzar la
seguridad de muchos juzgadores federales, que enfrentan riesgos y
amenazas en el desempeño de su trabajo.
En conferencia de prensa, la
primera desde que asumió el cargo, Silva Meza explicó que en varias zonas
del país se han tenido que brindar vehículos blindados y escoltas
de la Policía Federal a los juzgadores, e incluso recurrir al apoyo del Ejército.
"En los últimos 10 años los
jueces no tuvieron más protección que la de su ángel de la guarda, pero ahora
ya no es suficiente", dijo, y refirió el caso de un juez que tuvo que
emitir una resolución escoltado por personal del Ejército, después de haber
sido "levantado" la noche anterior.
El juzgador decidió emitir su
fallo, que era un auto de término constitucional, e inmediatamente después fue
cambiado de adscripción, explicó Silva Meza, quien precisó que el CJF tiene
identificadas las zonas de riesgo para el trabajo jurisdiccional, y que en
función de esos mapas se han tomado decisiones para fortalecer la seguridad de
los juzgadores.
"Tenemos jueces muy, muy
valientes, tenemos muchos casos donde han enfrentado situaciones muy difíciles
y las siguen enfrentando (
) sí hay amenazas, aunque no es muy frecuente que
pasen al cumplimiento", sostuvo.
Pese a esta situación, dijo, son
los propios juzgadores quienes tratan de preservar la autonomía e independencia
judicial, "pues es una cuestión de vocación".
Silva Meza reconoció, sin
embargo, la existencia de casos que se apartan de esos principios, y que la
Judicatura tiene en curso investigaciones internas a integrantes del Poder
Judicial de la Federación "no necesariamente relacionadas con el crimen
organizado, sino con patrones de comportamiento en el tema disciplinario".
En el caso del juez del llamado
"michoacanazo", quien fue recientemente destituido de su cargo,
recordó que a la Judicatura le corresponde únicamente el aspecto disciplinario,
luego de verificar la veracidad y la suficiencia probatoria de las acusaciones
que se presentan en contra de los juzgadores.
La persecución de los delitos, agregó, le corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR), y recordó que en este caso existen dos averiguaciones previas abiertas por la probable comisión de delitos.
jlr
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