Nacionales 27 abril, 2012
TEGUCIGALPA.- Las armas que se perdieron de las instalaciones de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI) estarían en manos del crimen organizado y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Armas y explosivos fueron decomisados en El Portillo, Choluteca, en mayo del 2010.
Un total de 292 fusiles de alto poder desaparecieron de las instalaciones de la Policía Nacional, donde estaban en custodia y la preocupación de las autoridades es que las mismas estén en manos del crimen organizado.
El extravío de esas armas se establece en un informe detallado que presentó la semana anterior el director general de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid, al fiscal general del Estado, Luis Alberto Rubí.
En el mismo se hace un inventario de todo el armamento bajo custodia de la Policía Nacional, el cual se encontraba en el almacén de armas de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI).
El documento mostrado por Ramírez del Cid presenta algunas inconsistencias que tienen que ser aclaradas por los oficiales a los fiscales encargados de investigar ese bochornoso caso.
Las autoridades de la Fiscalía en reiteradas ocasiones han expresado su preocupación por la pérdida de armas de las sedes policiales y militares, porque las mismas pueden ir a parar a manos del crimen organizado.
Las autoridades de la Policía Nacional indican en el informe, que le fue entregado al Ministerio Público, que desconocen el paradero de las mismas y cómo fueron sustraídas de esa base policial.
Ante esa situación, hay sectores que consideran que en ese acto irregular hubo participación de oficiales de policía, como de subalternos, lo cual está bajo investigación.
Las FARC serían las favorecidas con las armas sustraídas de depósitos en Honduras.
Además, consideran que la mayoría de esas armas no se encuentran actualmente en el territorio nacional y que seguramente salieron del país, para fortalecer a grupos armados.
El analista Raúl Pineda Alvarado manifestó que generalmente las armas que son sustraídas de bases policiales y militares no se quedan en el país.
Una parte es dirigida a la zona sur del continente, específicamente a Colombia, con el propósito de fortalecer a los grupos armados como las FARC, que al mismo tiempo envían droga a Centroamérica.
"Generalmente el trasiego de armas se va a tres destinos claramente definidos, uno el conflicto interno de Colombia, particularmente las armas de guerra, las cuales van a fortalecer los arsenales de las FARC", sostuvo.
"Otras van a los grupos del crimen organizado internacional, porque en otros países los controles de las armas son muy restrictivos y una parte muy pequeña se queda en el territorio nacional, lo cual se evidencia cuando un maleante es encontrado en posesión de un chaleco o un arma de la Policía", añadió.
Pineda Alvarado comentó que se han hecho investigaciones que reflejan que el extravío de armas no solo se realiza en la Policía Nacional sino también en las Fuerzas Armadas de Honduras.
"Conociéndose de antemano que esas armas se mantienen en pasivo, preocupa que se conviertan en armas de uso cotidiano cuando caen en manos del crimen organizado, dentro de cuyos proyectos se encuentra el control de zonas geográficas para el ejercicio de sus actividades criminales", expresó.
SOSPECHAS Y TEMORES
La guerrilla colombiana cambiaría armas por drogas.
A criterio del analista, esa situación es una amenaza a la gobernabilidad y la propia soberanía de Honduras, lo cual considera debe ser motivo de preocupación para las autoridades.
"Este es un problema que se ha dado con mucha gravedad en México, Colombia y en Honduras", enfatizó.
"En el caso de las armas que se han perdido de las instalaciones de la Policía, todavía no han dado una respuesta clara que permita conocer dos cosas: cómo salieron esas armas y adónde fueron a terminar", subrayó.
"Indudablemente que este es un fenómeno que despierta sospechas y hasta temores en entes encargados de investigar y deducir responsabilidades", agregó.
En ese sentido, considera que el Congreso de la República debió haber nombrado ya una comisión del más alto nivel para identificar la proporción exacta del problema".
Lo anterior es debido a que ni la Fiscalía contra el Crimen Organizado, ni la Secretaría de Seguridad le dan una respuesta concreta al pueblo, en cuanto a la definición, de cómo sucedió y quiénes fueron los responsables.
El profesional del Derecho explicó que la acción criminal que implica el extravío de esas armas puede darse por la vía de la negligencia o dolosa, pero que lo único real hasta el momento es que no fueron elementos externos a la institución los que se llevaron las armas del almacén de la DNSEI.
"Eso refleja un alto nivel de corrupción en algunos cuadros orgánicos de la Policía, aunque sigo considerando que hay muchos hombres y mujeres que integran la Policía que son personas que merecen estar ahí", estimó.
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