El ms reciente linchamiento se suma a las decenas de casos anteriores, pero con la agravante de tener vnculos con actividades delictivas de gran magnitud
El linchamiento de dos ciudadanos brasileos, acusados de haber asesinado horas antes con rfagas de ametralladora a tres bolivianos, ha vuelto a poner en primer plano de la agenda pblica dos problemas que por lo frecuentes que ya son parecen haberse incorporado a la cotidianidad nacional. Con la agravante, en este caso, de que las vctimas de la "justicia directa" han sido ciudadanos de Brasil, cuyo Gobierno durante los ltimos tiempos ha dado reiteradamente muestras de su preocupacin por la proliferacin de actividades delictivas en la extensa zona fronteriza que comparte con nuestro pas.
Los dos problemas a los que nos referimos, muy ligados entre s en este caso, son el relativo a la criminal prctica del linchamiento, que por la frecuencia y ferocidad con que se produce ha puesto a nuestro pas bajo la atenta mirada de organismos internacionales, por una parte, y el de las muchas maneras como se manifiesta la violencia relacionada con disputas entre organizaciones criminales que pugnan por el control de negocios ilegales.
Siendo esos los antecedentes que hacen de teln de fondo del caso que comentamos, la reaccin del Gobierno brasileo, expresada por sus representantes diplomticos, ha sido de lo ms mesurada. Desde un inicio se ha despejado, como corresponde, cualquier temor sobre la posibilidad de que el incidente llegue a tener algn impacto negativo en las relaciones bilaterales y se le ha dado al asunto su justa dimensin al calificarlo un "caso aislado" ocurrido por "el contexto local", sin que la nacionalidad de las vctimas haya tenido relacin alguna con los mviles de los crmenes de los que habran sido supuestos autores, primero, y vctimas despus.
Sin embargo, que sa haya sido la reaccin brasilea oficial no atena en nada la gravedad del fenmeno que se est gestando en la zona fronteriza, en la que segn las fuerzas policiales y militares de Brasil operan con impunidad tantas y tan bien organizadas organizaciones delictivas, que para hacerles frente han visto necesario movilizar hace pocos das a un muy importante contingente militar. Y como el narcotrfico es sealado como la principal causa del problema, resulta imposible no hallar alguna relacin con el proceso que ha llevado a Mxico y a gran parte de Centroamrica, como en aos anteriores a Colombia, a una vorgine de violencia incontrolable.
En ese contexto, adquiere una nueva dimensin la otra arista del caso que comentamos, la relativa a la facilidad con que en los ms diversos lugares del territorio nacional alguna gente opta por aplicar la justicia por mano propia –tratando de legitimarla, en muchas oportunidades, con el membrete de "justicia comunitaria"–, en lo que constituye todo un indicador de la descomposicin institucional y tica, y la consiguiente destruccin de las normas que hacen posible la pacfica y civilizada convivencia, y a la que no se sanciona, generando la impunidad de los transgresores.
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