Explicó que de acuerdo con información nacional, alrededor de 30 alcaldes han sido asesinados por la delincuencia organizada en cinco años y ocho meses del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
El estudio detalla que los presidentes municipales de ciudades pequeñas son más vulnerables a los ataques de la delincuencia, pues el 86 por ciento de estos asesinatos han ocurrido en municipios con una población menor a 50 mil habitantes y el 88 por ciento de los asesinatos a alcaldes se han dado en localidades con altos índices de marginación.
Señaló que la delincuencia organizada sabe que tal o cual municipio recibe anualmente una partida para obra, "y no necesariamente tiene que ser con una presión directa al presidente municipal, o si no la amenaza o injerencia, para que esa adjudicación de algún contrato, sea de electrificación, pavimentación, o agua potable, sea asignado a tal o cual persona que forma parte de esta organización".
Salazar Soni explicó que por eso se llama delincuencia organizada, "porque están en un proceso de jerarquización y por células; están copados los presidentes municipales, y no solo tiene que ver con la dirección de seguridad pública municipal, o de comercio".
Es mas –agregó- que en la frontera, concretamente en Ciudad Juárez, las direcciones municipales que son vitales y estratégicas, son ocupadas por elementos policiacos, ya sea policías de carrera o militares, que los ubican en las oficinas de comercio, seguridad pública, alcantarillado y alumbrado. "Deben estar muy de la mano y a la vista de la información que puedan tener los presidentes municipales sobre esos directores; si bien son puestos políticos o dedicados al partido que pertenecen, no deben dejarse de lado, también están en riesgo de que tengan presión por parte de grupos criminales para tal o cual acción".
Salazar Soni sostuvo que por ello es urgente que los alcaldes electos recuerden que el artículo 115 constitucional les marca ciertos planteamientos, donde tienen seguridad pública y tránsito enmarcados como un servicio más, que se aboquen a esta ley, y aquellos que no puedan entrar que se deslinden, "y hagan como en la Constitución política lo marca: un convenio con el estado, y que el estado dé esa seguridad en los puestos más importantes, pero que quede establecido jurídicamente".
En tanto que aquellos municipios –añadió- que tengan la capacidad y voluntad política, busquen al mejor prospecto para que ocupe los cargos más vulnerables y darles mucho seguimiento y fortalecerlos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario