La penetración de crimen organizado en las estructuras del poder público es una de las preocupaciones fundamentales que cualquier sociedad democrática debe tener, pues la contaminación gubernamental constituye una de las principales amenazas a la vida en sociedad.
Porque cuando la criminalidad se apodera de las dependencias gubernamentales impone sus reglas, lo cual implica echar por la borda todo aquello por lo cual hemos luchado históricamente.
El asunto es particularmente preocupante en momentos como éste, cuando las bandas delincuenciales han decidido desafiar al poder público y, según atestiguan múltiples evidencias, un número importante de servidores públicos han decidido abandonar sus responsabilidades y entregarse en manos de quienes se han declarado enemigos de la sociedad.
Por ello justamente, se vuelve inadmisible que cualquier servidor público, particularmente si se trata de alguien que ocupa una posición relevante en el escalafón gubernamental, aparezca como cómplice de la criminalidad.
Sin embargo, también es necesario tener cuidado y no caer en el extremismo de aceptar, sin dar la oportunidad de replicar, cualquier acusación que surja en contra de un funcionario público a quien se señale como cómplice de las bandas delincuenciales.
El comentario viene al caso a propósito del escándalo suscitado a partir de las acusaciones enderezadas contra exgobernadores de Tamaulipas —y ahora de excolaboradores suyos— por presuntamente haber aceptado recursos provenientes del crimen organizado a cambio de protección.
Un caso en particular ocupa los titulares de los medios en las últimas horas: el del exalcalde de Matamoros —y alto funcionario en el Gobierno de Coahuila— Baltazar Hinojosa Ochoa, a quien se ha vinculado, a partir de la declaración de testigos protegidos, con las actividades de la delincuencia organizada.
¿Es culpable o inocente el exfuncionario coahuilense? Con los elementos que tenemos a la mano es imposible decirlo sin lugar a dudas. En todo caso, se trata de una afirmación que sólo puede realizar un juez merced al análisis de las pruebas que se presenten en una causa penal.
No se trata de defender a nadie o exculparlo de antemano. De lo que se trata es de llamar la atención en torno a la necesidad de que las acusaciones al vapor pueden terminar resultando más perjudiciales que benéficas en el propósito de evitar que el crimen organizado se infiltre en las filas del servicio público, el cualquiera de los niveles de gobierno.
Es importante, vital, que la delincuencia no tenga la posibilidad de dictar reglas a quienes tienen la representación de la sociedad. Pero es igualmente importante que quienes reciben el mandato de los electores no se encuentren a merced de los señalamientos de cualquier individuo y que se les declare culpables, sin más, a partir de afirmaciones que no sean contrastadas contra evidencia alguna.
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